La actual situación de nuestro país, que ha sabido bandear con no pocas dificultades las secuelas de todo orden de la crisis que le viene asolando desde finales del año 2007 sin que todavía se hayan erradicado plenamente los efectos de la misma y a lo que se ha unido, más recientemente, el muy serio problema del secesionismo territorial, se halla requerida de una unidad de criterio y acción que, por encima de particularismos ideológicos o de actuación, evite un descarrilamiento nacional en todos los órdenes.
La ciudadanía española ha dejado bien claro en las últimas elecciones generales que no quiere experimentos arriesgados ni saltos en el vacío en el desarrollo de la política del país, por más que reclame cambios en la orientación de la misma que se traduzcan en comportamientos más plenos de autenticidad, transparencia y ecuanimidad. De aquí que no deban confundirse las innovaciones con las revoluciones y resulte imprescindible adoptar un sentido propiamente de Estado en las negociaciones tendentes a la formación de un nuevo Gobierno.
El pacto suscrito entre el PSOE y Ciudadanos ciertamente no asegura la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, pero no cabe duda que abre una vía de concienciación política respecto al futuro de este país. En este sentido, y pese a los reproches que se le hacen por algunos, resulta manifiesto el papel moderador que viene caracterizando al partido Ciudadanos desde el mismo momento en que se incorporó a la política nacional, lo que algunos atisbamos cuando no le era propicia una buena parte de la opinión ciudadana ni, por supuesto, la de las otras formaciones que con el mismo pugnaban por el Gobierno de la nación.
Se atribuye al partido de Albert Rivera el que juegue a dos bandas y que negocie simultáneamente con el PSOE y con el PP, pero la realidad es que no parece salirse sustancialmente de su programa electoral, claramente situado en un centro progresista que pretende la actualización y modernización de la democracia representativa que viene existiendo en España desde la Constitución de 1978. En otro aspecto, resulta clara y contundente su oposición a planteamientos políticos radicales, que, entre otros fines, no repudian la disolución de la unidad e indisolubilidad de España
Desde la perspectiva del duro enfrentamiento existente entre los dos partidos mayoritarios, que no logran ponerse de acuerdo en nada, la presencia de un intermediador que, aun careciendo de fuerza política suficiente, sin embargo, trata de limar asperezas y conseguir acercamientos, parece que debiera recibirse con optimismo y esperanza, en el bien entendido supuesto de que la situación creada por el resultado electoral del pasado 20 de diciembre no otorgó a ninguna fuerza política el monopolio del poder. Es una actitud constructiva, que contrasta con otras generadoras de preocupación para una gran mayoría de españoles, y que demuestra una gran dosis de sensatez y buen sentido para salir airosos de la encrucijada política por la que atraviesa nuestro país.
Sin la menor duda, el acuerdo logrado entre dos partidos que se mueven en el área constitucional no alcanza a ser más que una señal orientativa del rumbo que debe tomar el devenir político de España conforme al resultado electoral logrado en la urnas, pero se revela hondamente significativo de una voluntad predispuesta al adecuado encauzamiento del momento histórico que se vive y debe, por ende, ser bienvenido por más que, de momento, resulte insuficiente y escaso. En tal sentido y para dar viabilidad a la real voluntad ciudadana expresada en las elecciones del pasado 20 de diciembre, tal vez sea llegado el momento de sacrificar apetencias personales, por muy legítimas que puedan ser, como también de posponer protagonismos políticos a los que se pretende tener derecho, debiendo asumirse las responsabilidades institucionales que imponga el momento presente. El porvenir político, social, económico e internacional de España así lo requiere.