Tras meses de precampaña, semanas de campaña y otro mes de resaca y lamentos, empezaron esta semana las consultas con los representantes designados por los grupos con representación parlamentaria previstas en el artículo 99 de la Constitución. Como muchas otras partes de la Carta Magna, este artículo muestra que la Constitución es fruto de la buena voluntad, la convicción democrática del momento, las prisas y los miedos. Los padres de la Constitución hicieron lo que pudieron en aquellas circunstancias y esperaban que los hijos y nietos de la Constitución la desarrollaran. Como bien sabemos, eso no ha sucedido.
Sin ganas de esperar más, los votantes tomaron las riendas y decidieron cambiar el panorama por su cuenta. De repente se oyen lamentos desde el hemiciclo y lamentos desde los platós de televisión. Aquellos que habían jurado mil veces ser fieles defensores de la Constitución, encontraron en el baúl de sus padres un ejemplar y se dieron cuenta de que no están claras la competencias de las comunidades autónomas, de que no se sabe ni si existen las comunidades autónomas -la palabra Galicia aparece tantas veces en la Constitución española como en la finlandesa-, de repente nos damos cuenta de que el rey tiene que llamar a consulta a grupos de parlamentarios a los que no se les permite ser grupos parlamentarios, para más susto descubrimos que no sabemos a quién tiene que proponer como candidato a la presidencia del Gobierno y sobre todo en este momento no sabemos si el rey puede proponer dos veces a la misma persona.
Esta última duda no carece de trascendencia. Hoy concluyen sus reuniones con todos los grupos parlamentarios, e incluso con los que no lo son, salvo aquellos que para subrayar su republicanismo o independentismo se niegan a acudir a la cita. La Constitución, aunque parezca increíble, no prevé plazo para que el rey proponga candidato a la presidencia del Gobierno. En principio, el Gobierno en funciones puede gobernar hasta las elecciones generales previstas para el 2019, con el pequeño agravante de que no puede elaborar presupuestos ni presentar proyectos de ley. Evidentemente, Felipe VI en las próximas semanas, y tras haber consultado a las personas previstas en la Constitución, le propondrá al nuevo presidente del Congreso el nombre de una persona que se tendrá que lanzar a la aventura de un debate de investidura.
El problema con el que se enfrentará el rey es que, aunque no quiera influir, su actuación es prejuzgante. Si empuja al ruedo a Mariano Rajoy antes de tiempo, lo quema. Si le da paso a Pedro Sánchez, en el caso de que este le asegure hoy mismo tener más votos garantizados, se le criticaría por parcialidad. Todos dan por hecho que la primera propuesta será Mariano Rajoy, pero esto puede ser fatal para el candidato. Y, por otro lado, si el rey sigue esperando, nunca empezará el plazo de los dos meses para que pueda disolver de nuevo las Cámaras.
La clave reside en poner en marcha el proceso de investidura y que empiece a correr el tiempo para una nueva convocatoria electoral. Con la espada de Damocles de las elecciones en un plazo de dos meses pendiendo sobre el hemiciclo, a lo mejor menguarían los caprichos y las líneas rojas. En vista del ridículo de tener que repetir unas elecciones en las que repetiríamos los resultados, quizás se empiece a pensar en soluciones más allá de las habituales. Con el agua al cuello, se darían cuenta de que lo que hemos decidido el 20D es que no nos fiamos de ninguno y que por eso queremos que se pongan de acuerdo y se controlen.
En la cuenta atrás, se les podría ocurrir que el PSOE, para poder apoyar al PP, necesita el permiso tácito de Podemos; que Podemos, para lograr el cambio en dos años, tiene que cubrirle las espaldas al PSOE; que Ciudadanos tiene que hacer la pinza al PSOE con Podemos; que el PP tiene que liderar un Gobierno tan débil que sea respetuoso y dialogante; que Ciudadanos tiene que acompañar al PSOE en la abstención para que salga elegida una persona del PP; y el PP tiene que reconocer que si exige apoyo o como mínimo una cierta lealtad constructiva, no puede insistir en que el presidente sea el mismo que nos trajo a esta situación inédita.
Sería el momento ideal para que Podemos y el PSOE hagan un prepacto en el que determinen las condiciones que tendrá que llevar el PSOE a las negociaciones con el PP para ponerle precio a la abstención del PSOE en la investidura del candidato o la candidata alternativa del PP. A la vez, el PSOE tendría que pactar con Ciudadanos los puntos que conjuntamente le exigirán al PP. De este modo, salimos de la encrucijada y nadie pierde la cara. Rajoy se convierte en un mártir (tipo Mas). El PP gobierna con una cara nueva. El PSOE no tiene que investir a Rajoy y puede justificar la abstención con la contrapartida de que la legislatura sea solo de dos años, se remodelen las leyes más criticadas de la legislatura anterior y se inicie el proceso de reforma constitucional. Ciudadanos es héroe y bisagra. Por último, Podemos no se tiene que manchar, pero logra el proceso de reforma constitucional que tiene que ser su meta, a cambio de una oposición leal y moderada durante la breve legislatura de transición.
Esto o algo parecido podría ser un compromiso en el que nadie se sale con la suya, pero todos mantienen su dignidad, sin chulerías ni pataleos, como si fuera una democracia para adultos.