Por fin hemos visto algo coherente en esta incierta etapa política: el rechazo de la Mesa del Congreso a la creación del grupo parlamentario que intentaron Izquierda Unida, Esquerra Republicana y Bildu. Volvió a funcionar el tándem PP-Ciudadanos y decidió que esa operación era un fraude de ley, con un objetivo poco noble: aprovecharse de los beneficios económicos que reporta ser grupo parlamentario. ¿Y qué es un fraude de ley? Según el artículo 6.4 del Código Civil, los actos realizados al amparo de una norma, pero que persiguen un resultado contrario al ordenamiento. Se les ha descubierto y es una buena noticia.
Ante esa decisión de impedirlo, me parecen necesarias cuatro reflexiones que considero importantes. La primera es exclamar que ya era hora. ¿Cuántos fraudes de ley así se han cometido desde que tenemos democracia? Probablemente alguno por legislatura, en el Congreso o en el Senado. Hasta ahora se hizo la vista gorda por aquello de llevarse bien o porque no existía la lucha por el poder que existe en este momento. Si la decisión de ayer significa que se empieza a poner coto a esa tolerancia, significa también que empieza el rigor en la vida parlamentaria.
La segunda, que habría que aplicar el mismo rigor a la formación de otros grupos, singularmente los dos de separatistas que el PSOE propicia en el Senado con el préstamo de cuatro senadores a Esquerra Republicana y a Democràcia i Llibertat, sucesora de Convergència. A este cronista no le parece tan mal que se tiendan puentes incluso con quienes buscan la secesión; pero si la finalidad no es parlamentaria, sino un tráfico de favores para una posible investidura de Pedro Sánchez, otra vez estamos ante un indicio de fraude de ley, aunque sea difícil de demostrar.
La tercera es que este tipo de juegos, cocinados al calor de la conveniencia política o económica, son incluso algo peor: son un fraude a los electores. ¿Por qué quien no tuvo los votos suficientes puede disponer de las ventajas de un partido más votado? ¿Por qué los votantes del PSOE tienen que ver que su voto acaba dando voz a un partido que propugna y prepara la separación de España? Estas prácticas, aunque hayan sido frecuentes en la historia del parlamentarismo, tendrían que ser prohibidas.
Y la cuarta, el destrozo de la confianza en nuestros representantes políticos. Diputados y senadores son los encargados de la aprobación de las leyes. Se les supone, por lo menos, un cierto grado de respeto a la legalidad que ellos mismos hacen posible. Si su primer gesto nada más empezar es burlar la ley existente por la vía del fraude, ¿qué confianza podemos tener en ellos? Si ya teníamos poca, están haciendo méritos para que no tengamos ninguna.