Uno no duda de que el Estado, a través del Gobierno y del Tribunal Constitucional, deba actuar como lo está haciendo. Conforta que Rajoy se apunte en el bando de la contención y de la mesura, donde impere la proporcionalidad, pues por parte de los soberanistas, los ciertos y los sobrevenidos, no parece que la alegría del enfrentamiento anunciado por el «España nos roba» dure mucho más.
Los catalanes -marchitas las euforias independentistas de las Diadas- empiezan a preguntarse a qué personas y personajes otorgaron la mayoría parlamentaria y cuál era el objetivo con que lo hicieron.
La burda declaración aprobada se encuentra ya frente a los mecanismos constitucionales del Estado y la amalgama de Convergència y Esquerra, parapetada en una Asamblea Nacional de Cataluña y en Ómnium Cultural, carece de un proyecto sólido que resuelva las muchas encrucijadas que vive en este momento la sociedad catalana.
Por ello, la utilización por parte de Mas y Junqueras, añádase también a Forcadell, de una declaración unilateral de independencia aprobada el 9 de noviembre -fecha conmemorativa en el santoral secesionista- para engolosinar a la Candidatura de Unidad Popular y llevarlos al rego del voto de investidura a Artur Mas la ven y la sienten como una artimaña de excesivos costes.
Se suma a ello la variación estratégica de la CUP, que de entender que habían perdido el plebiscito soberanista al no haber alcanzado la mitad más uno de los votos, se sumó en alegre pandilla a la declaración de independencia. Declaración del 9N que si tuvieren oportunidad de llevarla a cabo reduciría el reclamado derecho a decidir de los catalanes a un voto sobre una constitución catalana que dicen que harán. Con tales mimbres.
Hoy son muchos los catalanes que han asumido que sin negociación no hay solución, ni en España ni en Europa. Y por ello en las encuestas de opinión aflora una gran desafección por los políticos y las candidaturas soberanistas, desafección que alcanza en primer grado a Artur Mas. De ese estado de opinión y del desgarro y la desilusión es de donde se derivan las oportunidades para hallar una solución. Solución abiertamente reclamada por instituciones, personas y medios de comunicación catalanes, en la que los independentistas deben de abandonar proclamas ilegales y ajustar sus actuaciones a la legalidad democrática y constitucional.
Pero también por ese estado de opinión de la sociedad catalana y su probable transformación en voto, es donde los 72 diputados independentistas pueden sentirse acuciados para alcanzar un acuerdo de investidura, hoy jueves o en enero, para un presidente, incluso cualquier presidente. Pues todo indica, mes y medio después de aquellas elecciones plebiscitarias en las que los independentistas no tuvieron los votos suficientes para que su declaración fuera legítima aunque ilegal, que en unas nuevas elecciones pudieran siquiera mantenerlos.
Entre tanto, el Gobierno y el Estado bien hacen en mantener la legalidad, sin que ello les lleve y nos lleve al despeñadero.