El pasado 27de septiembre, alrededor de 734.000 catalanes votaron a Ciudadanos para que les representáramos en la próxima legislatura del Parlamento de Cataluña. Concurríamos en esta nueva etapa con un programa en el que la educación, la sanidad y las políticas sociales han centrado buena parte de nuestras prioridades.
Así, la interpretación plebiscitaria que de estas elecciones autonómicas ha efectuado la formación Junts pel Sí se aleja no solo de los planteamientos del partido, sino de lo que decidieron los votantes de Ciudadanos a los que, claro está, nos debemos.
Por eso, me sorprende que se siga insistiendo en la idea de que la ciudadanía ha dado un mandato claro al Parlamento de Cataluña para iniciar los pasos previstos en la hoja de ruta separatista. Una cosa es ganar las elecciones autonómicas, y Junts pel Sí ha ganado, y otra cosa es utilizar la mayoría parlamentaria para hacer de la Cámara lo que se quiera, incluida la posibilidad de desvirtuar su mayor esencia, que es la de representar al conjunto de la sociedad catalana y, por tanto, su pluralidad.
El Parlamento catalán, como cualquier otra institución pública, está sometido a unos límites, precisamente para evitar arbitrariedades: el más elemental es el de respetar las funciones que tiene encomendadas. Las declaraciones solemnes sobre la apertura de un proceso constituyente, sobre la aprobación de las leyes de desconexión con España o sobre su sustitución por otras de transitoriedad jurídica hacia el Estado catalán made in Junts pel Sí son propuestas por las que tal formación deberá dar cuentas ante sus electores, y es probable que también ante el conjunto de la sociedad, pero que no tienen encaje en esta institución.
El mandato democrático, para que no sea arbitrario y los que detentan el poder estén, a su vez, controlados, debe acompañarse del respeto al Estado de derecho. Seguir insistiendo en que el problema del separatismo en Cataluña requiere meramente una solución política y menospreciando el valor del derecho, que es el paraguas de la convivencia pacífica, es omitir intencionadamente una parte, sobre todo porque al mismo tiempo se invoca el derecho a decidir la secesión de Cataluña como un derecho incuestionable.
En fin, una mirada rápida a la futura composición del Parlamento catalán basta para darse cuenta que más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña no están por la ruptura unilateral de la legalidad vigente ni por faltar a las instituciones.
¿Para cuándo un gesto de la formación política ganadora y con probabilidades de gobernar en Cataluña hacia esa parte de la sociedad mayoritariamente no separatista?
