Lo dijo Albert Boadella: Cataluña tendría un orgasmo general si el Estado sacase los tanques. No se llegará a tanto, claro que no. Pero se están adoptando decisiones nerviosas que hacen recordar esa frase del gran director teatral. La última, la propuesta del PP de dar capacidad sancionadora al Tribunal Constitucional para multar o suspender a los funcionarios que incumplan sus sentencias y que el candidato del partido, señor García Albiol, presentó así: «Ha terminado la broma». No son los tanques militares, son los tanques legales. Es la apelación a la fuerza de la ley, pero de una ley acomodada a una circunstancia, reformada para un solo objetivo, burlada al dictamen de los consejos de Estado o del Poder Judicial e impuesta por un solo partido.
Lo siento mucho, pero me parece un mal paso en el momento más delicado. Es indiscutible que las sentencias del TC tienen que ser cumplidas. No se entiende que la ley orgánica que lo regula no haya previsto el incumplimiento. Tampoco se entiende que los legisladores no hayan procedido a la reforma cada vez que no se aplicaron sus sentencias, por ejemplo en materia de educación. Pero hacerlo ahora, en plena campaña de unas elecciones pasionales, es provocar la ira del tigre. Primero, porque cuenta con la oposición de todos los demás partidos, y no creo que todos sean separatistas. Segundo, porque la idea no es del grupo parlamentario del PP, ni de sus órganos directivos, sino de un grupito en el que está su candidato a la Generalitat. Tercero, porque transmite la sensación de que el Gobierno tiene miedo a que gane el independentismo y hay que blindarse ante la evidencia. Y cuarto, porque desmiente todo lo que hasta ahora se nos había dicho: que las leyes son suficientes para impedir la independencia. Si hay que reformarlas de urgencia, nos da la razón a quienes hemos predicado lo contrario.
Dicho eso, pongámonos en el caso de que se produce la declaración unilateral de independencia y se procede a sancionar o suspender a todos sus agentes, desde Artur Mas al último diputado o funcionario autonómico. Gran noticia. Titulares a toda plana en todos los diarios de Europa. Gran ejercicio de autoridad. «La broma ha terminado», repetirá Albiol ante los micrófonos. Y algunos le replicaremos: aquí no habrá terminado nada, señores del poder central. Se habrá alimentado el conflicto. Será la victoria de un día, quizá de unas horas. La lucha por la soberanía entrará en su fase épica. Y lo terrible ahora es que el PP, después de su discutible iniciativa, ya no puede dar marcha atrás. No puede, porque le acaba de decir al país que no hay por qué cumplir las sentencias y las resoluciones del Tribunal Constitucional. Qué desastre.