El Gobierno baraja la posibilidad de sufragar con impuestos las pensiones de viudedad y orfandad, y pagar las pensiones de jubilación e invalidez con los ingresos por cotizaciones sociales. Tal intención merece a bote pronto dos consideraciones: una positiva y la otra, como mínimo, inquietante. Es positivo que se haya roto el tabú que hace depender la sostenibilidad del sistema de la enflaquecida nómina del trabajador. Varias veces lo he escrito en esta columna: ninguna biblia estipula que las pensiones deban ser pagadas exclusivamente con cotizaciones sociales y no con cargo a la recaudación general del Estado. Pero me alarma la división propuesta: ¿por qué unas pensiones deben abonarlas los trabajadores en activo y otras nutrirse del IVA o del IRPF? ¿A qué viene esa doble vía? Si la financiación de unas y otras va a ser distinta, ¿tendrán los mismos derechos el jubilado y la viuda?
Pensemos en un matrimonio tradicional: él trabajó fuera de casa, ella en el hogar. Cuando aquel fallece, su cónyuge tiene derecho a una pensión de viudedad, equivalente en general al 52 % de la base de cotización. El sistema, con todas sus deficiencias, tiene lógica: no solo garantiza a la viuda algo más de la mitad de los ingresos de la pareja, sino que presupone que la mujer ha contribuido, en idéntica proporción que el marido, al sostenimiento de las pensiones. Por ese motivo, la pensión de viudedad tiene carácter contributivo y no meramente asistencial. ¿Pretende ahora el Gobierno, al establecer dos tipos de sostén, traspasar la viudedad -o la orfandad- a la esfera de la beneficencia?
Los 5,6 millones de jubilados españoles cobran, por término medio, 1.022 euros al mes. Y 2,3 millones de viudas -ocho de cada diez son mujeres: por eso me permito el uso del femenino- perciben 631 euros de media. Presumiblemente, por efecto de la masiva incorporación de la mujer al mercado laboral, en el futuro crecerá el número de pensiones de jubilación y disminuirá el de pensiones de viudedad. De hecho, ya están aumentando mucho más las primeras que las segundas. Quizá sea esta la razón por la que el Estado pretenda colgar en sus hombros la mochila más ligera y de peso menguante. Y abandonar en la sufrida espalda de trabajadores y empresas el fardo cada vez más pesado.
Obsérvese que hablamos del fuero (de los derechos) y no del huevo (del coste). Porque el tamaño del huevo, en principio, no varía. Viudas y huérfanos absorben actualmente la quinta parte del gasto total en pensiones contributivas: unos 21.000 millones de euros. ¿Por qué el Gobierno, entonces, no se limita a financiar con impuestos la quinta parte del sistema actual y se deja de zarandajas? ¿Por qué se empeña en escindir el modelo y crear dos categorías de pensiones? Si la doble vía de financiación nada cambia, ¿por qué se hace? Y si algo cambia y se crea un sistema discriminatorio de dos velocidades, alguien saldrá perjudicado: o el jubilado, o la viuda. O ambos.