Era de prever que los padres de Asunta siguieran en la cárcel hasta la celebración del juicio. No solo porque la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña haya decidido prorrogarles la prisión preventiva, posibilidad que le otorga el artículo 504 de la Ley de enjuiciamiento criminal, en atención al riesgo de fuga por la gravedad del delito y a las altas penas solicitadas, sino también por la sencilla razón de que los padres de la niña ya están condenados con antelación a la celebración de la vista oral que previsiblemente se celebrará el 29 de septiembre. El jurado popular poco tendrá que deliberar, pues la calle ya ha condenado a estas dos personas, y los nueve miembros que lo constituyen no son otra cosa que gente de la calle. La mejor de la gente, pero influenciada por lo que llevan dos años leyendo y oyendo. Quien piense lo contrario peca de ingenuo. Pregunten a diversas personas legas en derecho y verán que no me falta razón. Para meter veinte años en la cárcel a una persona hace falta más que bonhomía y ganas de impartir justicia. Por ello es por lo que soy contrario a los jurados populares y me resulta mucho más garantista un órgano colegiado compuesto por tres expertos magistrados que analicen las pruebas con rigor jurídico y no con el corazón.