La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad acaba de presentar un detallado informe en el que realiza una afirmación de enorme relevancia: el retraso en los pagos de las Administraciones públicas y de las grandes empresas a sus proveedores ha sido la causa directa o indirecta del cierre de cientos de miles de empresas y la pérdida de un millón de empleos desde que empezó la crisis.
Es una afirmación de extraordinaria gravedad que, obviamente, obliga a una respuesta inmediata a los interpelados. Sin estar en condiciones de confirmarla o desmentirla es, desde luego, una visión diferente sobre las causas que están detrás de la brutal pérdida de empleo que se produjo en España, que va más allá de una supuesta rigidez del mercado de trabajo de la que siempre habla la patronal y la derecha política.
Esta plataforma no es un grupúsculo antisistema. Según su propia web, es una confederación de asociaciones patronales, creada en el 2008, y que agrupa a un conjunto de instituciones sectoriales de toda España que representan a cerca de un millón de empresas, con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones y que da empleo a 4,5 millones de asalariados y de autónomos.
En su informe del año 2014 da un dato demoledor y contrastado, porque se extrae de las propias cuentas anuales de las compañías: las grandes empresas españolas, las del Ibex 35, incumplen la Ley de Morosidad y su período medio de pago a sus proveedores es de 187 días, más del triple de lo que autoriza la ley, que es de 60 días. Es una situación escandalosa, porque de esta forma las grandes empresas se financian a costa de las pequeñas y medianas, que se ven obligadas a pedir préstamos y a pagar intereses para financiar, gratis, a las grandes multinacionales españolas.
En concreto, la plataforma estima que el retraso en el pago, la morosidad por lo tanto, que tienen las grandes empresas fue de 56.476 millones de euros en el 2014 y, por culpa de ese sobreendeudamiento por encima de lo que fija la ley, las pequeñas y medias empresas tuvieron que soportar unos gastos financieros próximos a los 2.000 millones de euros anuales.
El mundo al revés. Las grandes empresas, que no tienen dificultades para obtener financiación, obligan a las pequeñas a solicitar préstamos bancarios a los que, en muchas ocasiones, no tienen acceso, y cuando lo consiguen es a cambio de unas condiciones muy duras, incluyendo garantías personales para avalar las operaciones.
Es una cifra enorme -muy por encima por ejemplo del coste del rescate de la banca española- que las empresas con más poder imponen a sus proveedores, que no les queda más remedio que aceptar estas condiciones, que como se dijo incumplen con la normativa legal, si quieren seguir trabajando con ellas. Han sido los problemas de financiación, agravados por prácticas como estas que denuncia la Plataforma contra la Morosidad, los que han provocado el cierre de muchos negocios que, pese a tener viabilidad económica, no fueron capaces de resistir a las enormes restricciones crediticias que impusieron los bancos y que se llevaron por delante a una parte significativa de nuestro tejido empresarial.