Emociona escuchar a Montoro arrepentido de la desconsideración y el maltrato dado a los funcionarios en estos últimos cinco años. Emociona porque es una corrección a las declaraciones populistas de él mismo y de su subordinado y exsocio Beteta, el del cafelito, acusando a los funcionarios de una gran parte de los males de la patria.
Cierto que el arrepentimiento de Montoro fue parejo a las convocatorias electorales: un moscoso repuesto en las elecciones europeas y otro en las municipales. Desconozco si el CIS ha estudiado el efecto de tales reposiciones en el voto de los funcionarios, pero el nuevo paradigma de Montoro parece indicar que tal es su esperanza. Hasta el extremo que este nuevo paradigma, más la filtración de reponer la paga de navidad embargada, presagian que antes de las elecciones generales los funcionarios tendrán de nuevo sus seis moscosos y quizá alguno de los canosos.
Sin embargo en estos pasos de baile de los políticos alrededor de los funcionarios y de la función pública y su control hay mañas que van a más. Así el desmadre de los puestos de libre designación denunciado por los inspectores de la Agencia Tributaria, donde ascensos y descensos la convierten en un patio de monipodio, que el Gobierno, en su afán por controlar a la Justicia, acaba de extender a los secretarios judiciales del Tribunal Supremo. Práctica también generalizada para la provisión de las jefaturas de los servicios médicos desde los años 90, que con el sistema de provisión por libre designación y nombramiento libre de los tribunales que juzgan tales concursos, y la consiguiente precariedad del nombramiento, debilitan la organización asistencial, dado su carácter vertical. Práctica de provisión de puestos de trabajo generalizada también en otras áreas de la función pública. Añádase a ello los singulares grados de compatibilidades e incompatibilidades, las facilidades para algunos cuerpos de optar a la excedencia sin amenaza grave de reincorporación -hasta un 40 % de los 650 abogados del Estado en activo se encuentra en situación de excedencia, según Jesús Marañas- y tendrán una función pública deshuesada y desmotivada, al gusto de los políticos.
Y por último, alguien debería explicar por qué los médicos de los servicios públicos de salud tienen la obligación de jubilarse a los 65 años en gran parte de nuestras diecisiete autonomías, cuando otros empleados públicos pueden alcanzar los setenta de forma voluntaria. Esta obligatoriedad asombra más al conocer que el Gobierno de Mariano Rajoy viene de aprobar en su ley del poder judicial que los jueces podrán extender su edad de jubilación hasta los 72 años. Lo que quizá tenga que ver con el elevado volumen de trabajo de nuestro sistema judicial, que obviamente no es menor que el de nuestro sistema sanitario, donde en los último años se han perdido por jubilación más de 25.000 profesionales.
Por eso, estando bien el arrepentimiento, aunque sea imperfecto, de Montoro no parece que lleve a la profesionalización del empleo público.