El quehacer de un político debe ser mirado con lupa. Ellos más que nadie tienen que dar ejemplo de honestidad, y a la menor irregularidad ahí debe aparecer el magistrado de turno para, si es menester, dictar el correspondiente auto de imputación. Nadie debiera oponerse a esto, máxime en un país donde la corrupción está haciendo estragos. Sin embargo, y dado que el principio de presunción de inocencia es sagrado en todo Estado de derecho, tampoco se le puede destrozar la vida, tanto personal como política, a todos aquellos que desempeñen un cargo público y se vean inmersos en una causa penal que al final es archivada. ¿Cuál es la única solución para que el que la hizo la pague, y al que no se le intente resarcir en su honorabilidad a tiempo de poder seguir en la vida pública? El imputado a quien se le levanta la imputación siempre quedará estigmatizado, pero ese daño resultará menor si la instrucción de la causa dura lo imprescindible, levantando las sospechas ipso facto sobre aquellos que ya han sido investigados sin haberse encontrado rastro de delito alguno. Son pocos jueces los que actúan así, pero haberlos haylos.