La marea de las elecciones ha dejado en la arena pública el mantra de pactar. Se repite con una insistencia que parece una revelación ante la que hay que rendirse, como si no se conociera en la historia de nuestra democracia, para su elogio y para su baldón. Los ciudadanos, se dice, han votado pactos y en ello andan los de la casta y, con parejo afán, los acastados. Cada quien entiende de la feria como en ella le va, dejémonos de pamplinas. No está en la ley, y pudo estar, que gobierne quien haya obtenido mayoría de votos. En realidad es lo que, de entrada, han deseado los ciudadanos que le han respaldado al elegir la papeleta en que figuraba. Resulta que no lo fue de un modo suficiente. De algún modo necesitaría de los demás elegidos, pero quizá sea excesivo mantener que la única forma de interpretar la voluntad de los votantes es realizar pactos para que el mayoritario no gobierne. Con la ley en la mano ha de seguirse el ritual de someter a una votación inicial al primero de la lista más votada. No supone ir contra su espíritu que, en casos como el sucedido en las elecciones al Ayuntamiento de A Coruña, se prefiera a quien haya liderado otra formación con menos votos y el mismo número de elegidos. En último término queda la solución constitucional de una moción de censura si la decisión inicial no resultó acertada, de lo que también existen antecedentes.
La ley permite realizar pactos que no respalden una mayoría simple, pero no obliga a realizarlos. Su aplicación es, no obstante, valorable en cuanto a calidad democrática de la decisión. Es entendible que el PP no quiera pactar con formaciones que se presentan como antisistema, sea Podemos o los secesionistas Bildu, ERC y la CiU de Mas. No lo es que el PSOE excluya de pacto alguno al PP y que, para mayor escarnio, lo apareje con Bildu. Es un contrasentido. Forma parte del sistema, ha gobernado durante largos años y ha pactado, como el PP, con partidos nacionalistas. Partícipe del bipartidismo, la línea a no traspasar sería pactar con formaciones que se declaran contra el sistema que las ha acogido. Hacerlo aportará beneficios inmediatos, aunque no excluye que acarree perjuicios en las próximas elecciones. Es la encrucijada en que se encuentra el PSOE.
Se ha abierto un mercado de pactos, calculadora en mano, con notoria o disimulada desvergüenza. La democracia resultaría reforzada si se aceptase como uso comúnmente admitido que gobernase la lista más votada, que no exige una contraprestación simultánea. Por ahí debió empezar el PP en Andalucía; al menos dialécticamente, dejaría comprometido al PSOE. Las negociaciones que están llevándose a cabo no contribuyen a la necesaria regeneración democrática cuando para pactar se exige que se elimine de la lista tal o cual persona. Supone colocarse por encima de los votantes y de la ley; un chantaje o una táctica. Es el poder lo que se busca. Desde esa perspectiva ningún partido aparece inmaculado.