Aquí la exención fiscal para algunos es una tradición, y en los casos en que no está claro que tal tradición les alcance tenemos ya una reiterada repetición de amnistías y regularizaciones fiscales. Siempre acordes con la vieja o la nueva ley de transparencia, que lleva a informar de aquello que ganan los políticos, aunque sea en medias verdades, y desde luego de lo que ganan los funcionarios, estos en verdad entera, para que los ciudadanos vean sus privilegios. También a anunciar la acción de la Agencia Tributaria para personas desafectas, colectivos profesionales seleccionados e incluso empresas. Más difícil resulta que nos digan lo que se sabe sobre depósitos bancarios y su trasiego del blanco al negro y del negro al blanco, pues entre el Banco de España, el FROB si procede, y la propia agencia pareciera que no se enteraran de nada hasta que los Mortadelo y Filemón americano se lo señalan. Y esto con puertas giratorias por medio, tales que las del Ministerio del Tiempo, y a un tiro de piedra en el peñón de Andorra, mientras todos miramos el dedo del peñón de Gibraltar que nos impide ver la luna.
Siguiendo las enseñanzas de acreditados científicos me resulta extraño el empeño -creo que impostado- de Sánchez, Pedro por amagar en defensa del trabajo del juez Ruz. Si la Agencia Tributaria estima que un dinero negro, como los pecados de Judas, no es necesario que tribute, no entiendo a qué viene el empeño de estos socialistas recién llegados por cambiar el curso de la historia hacendística y contributiva de los reinos de España. O como bien denunció el portavoz popular, Rafael Hernando, dudar del probo trabajo de los funcionarios, por más que Hernando confunda funcionario con asesor o cargo de libre designación.
El escándalo deriva no solo del informe que la Agencia Tributaria hace llegar al Juez Ruz «para evitar posibles responsabilidades penales derivadas del incumplimiento» de su orden, sino del texto distribuido por el Ministerio de Hacienda en el que, en aras de una mejor comprensión para los ciudadanos, iguala a los partidos políticos con Cáritas o Cruz Roja. Y por tanto, los exonera de tributar por esos ingresos extraordinarios, opacos o negros, que al no cumplir la ley de financiación de partidos tendrían que tributar por el impuesto de sociedades.
Y todo esto sucede, una vez más, en los entresijos de la Agencia Tributaria y el mandato como ministro del señor Montoro quien, salvo mejor entender, usa de su ministerio para evitarle penas a los suyos, lo que no es novedad, rebajar los impuestos a quienes han defraudado con su amnistía fiscal, y subirlos -directos e indirectos- a casi todos los demás. Ministro de un Gobierno que en su penúltima pirueta, mientras se reivindica como luchador contra la corrupción, endulza los ingresos opacos de su partido como donativos a Cáritas. Montoro no desmerece en sus conocimientos tributarios de otros ya exministros, conocedores del derecho procesal en su esfuerzo para ponerlos al servicio de los suyos que, como casi siempre, no somos nosotros.