Recalculando, que es lo que nos decían aquellos viejos tontones instantes antes de enviarnos por el precipicio. Pues recalculemos y empecemos de nuevo. A ver, un imputado ya no es un imputado, sino un investigado. Lo ha decidido el Gobierno. Y un partido político es una organización de venerables señores, benéfica y sin ánimo de lucro; como Cáritas y Cruz Roja. Lo ha decidido la Agencia Tributaria; la del ministerio de Montoro.
Para evitar culpar al Partido Popular de lo que resulta evidente y de lo que la Justicia un día acabará culpando, la Agencia ha decidido irse por el único resquicio que podía hacerlo. Y dicta que no hay delito en las donaciones en b al PP, porque son pagos como los que se realizan a organizaciones benéficas que tienen como único fin dar de comer a los hambrientos y ayudar a los indigentes y excluidos. Labor en la que, por lo visto, coinciden Cáritas y el partido que se va a sentar en el banquillo de los acusados.
Así que ya tenemos un nuevo marco en el que movernos. El PP, y por tanto los demás partidos políticos, son entidades sin ánimo de lucro. Los sobresueldos, la camarilla que vive partiéndose el espinazo haciendo genuflexiones, las obras de las fachadas y las campañas electorales son actos tan humanitarios y caritativos como los de repartir entre los necesitados la sopa de beneficencia y los macarrones con tomate, o darle un techo a quien no lo tiene. Lo dice Hacienda. Y Jordi Pujol, o Bárcenas, por ejemplo, son tan benefactores como Alberto Martí, que es el presidente la Cocina Económica de A Coruña y que busca ayuda hasta debajo de las baldosas.
Insulto, dice el diccionario de la RAE, es ofender a alguien provocándolo con palabras o acciones. Pues eso.