Cualquier trabajador o usuario de nuestros servicios públicos educativos y sanitarios sabe que el factor esencial para su calidad es lo relativo al factor humano. El número, motivación, dignidad o funciones de los trabajadores de cada servicio, departamento o centro será lo que explique la mejor o peor calidad ofrecida a los ciudadanos.
Desde el comienzo de la crisis, los recortes de gasto público derivados de los compromisos de déficit han presionado para reducir los gastos de personal sanitario y educativo. Por ejemplo, no renovando las plazas de los que se jubilan, acumulando funciones o materias dudosamente afines o utilizando contratos por días o por horas en vez de formas dignas de empleo. Como quiera que en nuestros centros educativos los usuarios en general no están creciendo, el austericidio en gastos de personal provocará una interrupción de la mejora de la calidad que se comprobará dentro de unos años. La solución: haga usted un máster o posgrado si puede pagárselo. Serán los sectores sociales menos pudientes los que al final comprobarán que ellos no tienen un plan B para paliar ese deterioro.
Pero la situación en sanidad es más explosiva. Porque la demanda, los usuarios, los tratamientos no cesan de crecer en una población cada vez más envejecida. En este caso las prácticas austericidas con los gastos de personal y plantillas se convierte en una política con alto riesgo de producir graves daños personales. Han hecho bien los profesionales de la salud en poner esta situación en manos de la Fiscalía.
¿Se puede evitar este austericidio? Para empezar, cada vez que el Gobierno central define los objetivos y reparto del déficit público anual podría evitarse si en vez de asignar para el Estado un 2,9 % del PIB y un 0,7 % para las autonomías se hiciese al revés. Pues son estas las que gestionan la sanidad y educación, suponiendo más de la mitad del gasto público.
Complementariamente podría evitarse si en vez de contar con un Gobierno populista que aprueba rebajas y regalos fiscales para las rentas altas y para las grandes empresas (camuflándolo en barra libre para todos), contásemos con un Gobierno que buscase igualar tanto nuestros ingresos fiscales como nuestros gastos sanitarios y educativos con la media europea. En vez de eso, en el último Programa de Estabilidad nuestro Gobierno se compromete a reducir en un punto del PIB el gasto sanitario entre 2012-2017 y en medio punto el educativo.
Subsidiariamente, ya que se acercan unas elecciones locales, no estaría nada mal votar a quien se compromete a suprimir, y a no entrar, en las administraciones provinciales (Diputaciones) y a fusionar la administración municipal en ayuntamientos de al menos cinco mil habitantes.
En suma: repartiendo el objetivo de déficit de otra forma, no reduciendo el esfuerzo sanitario y educativo en relación a nuestra riqueza porque los más pudientes ponen su parte y abandonando administraciones del siglo XIX podremos evitar el austericidio. Y no harán falta disculpas.