La sacralización de la Constitución, que la convierte en intocable, presenta su otra cara en la ingenua confianza en la reforma, esa según la cual bastaría cambiarla para que se alterase también, sin más, la realidad. Y así, mientras frente a la sacralización cabe exigir flexibilidad y mente abierta, frente a la ingenuidad es de esperar al menos coherencia entre la reforma propuesta y lo que con ella se persigue.
Personalmente creo que este -el de la falta de tan indispensable coherencia-, es el gran problema de la reforma pretendidamente federal del Partido Socialista, que presenta, además, otra dificultad fundamental: que España es un Estado federal desde hace mucho, según lo reconocen los mejores federólogos del mundo. Uno de ellos, el canadiense Ronald Watts, lo ha escrito con meridiana claridad: «España es una federación en todo menos en el nombre». De hecho, lo que le falta a España para mejorar su federalismo no es más descentralización, sino más cooperación política y lealtad institucional.
Pero sea: olvidemos lo que acabo de apuntar y demos por buena la iniciativa socialista de reforma federal. En tal caso, la pregunta es evidente, ¿guarda coherencia esa iniciativa con el problema que justificaría la reforma, es decir, con el planteado por el nacionalismo catalán? No lo parece. No, no lo parece ni de lejos, porque el federalismo (que insisto, ya tenemos) no puede ser la solución para quienes lo que quieren es marcharse y pretenden hacerlo, además, pateando las leyes y la Constitución.
De hecho, aun en el supuesto, hoy impensable, por desgracia, de que Mas rompiese con ERC, renunciase a la independencia y apostase por la federalización imaginaria del PSOE, tendríamos un desafío adicional: que la única reforma constitucional que podría aceptar la Generalitat sería la dirigida a privilegiar a Cataluña frente al resto de las comunidades, lo que resultaría, además de injusto, una quimera. Tal asimetría no fue posible cuando se redactó la Constitución y las autonomías no existían y, por razones evidentes, menos posible sería ahora, cuando todos los territorios han ganado en densidad política precisamente como consecuencia de la descentralización.
En realidad, lo que el PSOE persigue es trabar dos carambolas: vadear, por un lado, el río embravecido de sus irreconciliables diferencias con socialismo nacionalista catalán; y presentarse, por el otro, como la única fuerza capaz de mediar entre dos fundamentalismos que el PSOE pretende equiparables: el españolista del PP y el secesionista de Mas y compañía. Tal comparación es sencillamente una patraña, pues, como saben millones de españoles, si gobernase Pedro Sánchez, no podría mantener en relación con el desafío secesionista una posición diferente, en lo esencial, de la que hoy tiene Rajoy.