El contencioso entre Cataluña (Generalitat y Parlamento) y el Estado ha entrado en una fase de máximo desasosiego para los españoles y sus instituciones democráticas. Primero fue la discusión sobre un nuevo Estatuto -pacto entre la comunidad catalana y el Estado-, después la hoja de ruta del proceso soberanista, en el que hábilmente los partidos nacionalistas catalanes han inducido que el problema está, no solo en los derechos económicos de la comunidad (petición de concierto económico como con los territorios forales), sino en algo tan emotivo como el derecho de una sociedad a ejercer su voluntad y pronunciarse en una consulta. Pasaron del «España nos roba» al «España nos niega los derechos democráticos», más allá del pronunciamiento en el Parlamento de Cataluña.
Tras el 9-N, la sociedad catalana está más dividida que nunca. No hay sintonía alguna con el Legislativo y Ejecutivo de la nación y se traslada el enfrentamiento al Poder Judicial, que ha visto como se le utiliza y luego se le aparca, mientras Rajoy lo considera «prudencia necesaria» para evitar males mayores. Si yo fuera miembro del Tribunal Constitucional, me sentiría burlado. Si fuera la Fiscalía, me sentiría confuso. Si yo fuera español residente en Cataluña, estaría desolado y con miedo a ser abandonado en un proceso imparable hacia la independencia. A no ser que en alguna parte,se esté negociando para evitar que los partidos más radicales y las organizaciones más comprometidas con la movilización ciudadana pro independencia, se hagan con todo el poder.
No tengo tan claro que Mas haya perdido. Puede elegir entre pactar con el Estado un nuevo modelo de relación y financiación, incluido el cambio constitucional necesario. O ser cabeza de una lista conjunta en elecciones plebiscitarias, con posibilidades de mayoría absoluta. Rajoy ha perdido. Sus soflamas negando la consulta no han surtido efecto. Los pronunciamientos del Tribunal Constitucional se han desobedecido. La respuesta del Gobierno tras el 9-N ha sido penosa. La fortaleza que se esgrimía por convicciones legales, se ha deshecho como un azucarillo ante el miedo a promover un conflicto mayor, con detenciones, imputaciones, intervenciones, que alguien ha debido advertir que sería más leña a la hoguera.
Hace falta un gran pacto de Estado. España hace agua por todas partes. Algunos deberían marcharse a sus casas.