El caso de los 32 viajes a Canarias de José Antonio Monago cuando era senador, pagados a costa de todos los españoles, es un excelente compendio de los males que aquejan a la democracia española. En primer lugar, la reacción del aún presidente extremeño, que primero aseguró de forma taxativa que había pagado de su propio bolsillo todos sus periplos privados, para al día siguiente anunciar que devolvería hasta el último céntimo de los viajes en cuestión. ¿Por qué, si dijo que los abonó? Luego, la reacción de Mariano Rajoy, que le ha dado todo su apoyo, y de los populares, que le dedicaron aplausos unánimes ¡en una convención de buenas prácticas! ¿Qué jaleaban, el uso privado de fondos públicos? En cualquier democracia que se precie, Monago habría dimitido o sido destituido ipso facto al no poder demostrar que sus desplazamientos fueron de trabajo. Contrasta este respaldo con la actuación contundente de Luisa Fernanda Rudi, que forzó la dimisión del diputado Carlos Muñoz por un comportamiento idéntico. En plena vorágine de escándalos, los ciudadanos exigen hechos y firmeza contra la corrupción, como el de la presidenta aragonesa, y no cierres de filas partidistas. Pero, más allá de este asunto concreto, están las impresentables prebendas que tienen nuestros parlamentarios, que pueden viajar gratis por toda España sin tener que justificar el motivo. Muchas de nuestras señorías están aterradas ante la perspectiva de que se descubra que hicieron lo mismo. Por último, este caso pone de nuevo en cuestión la existencia del Senado, una cámara inútil y prescindible, refugio de políticos en su recta final, buscadores de aforamientos protectores y pelotas a los que colocar.