La propuesta del PP para conseguir que los alcaldes sean elegidos de forma más directa por los ciudadanos está produciendo una serie de reacciones un tanto curiosas. Por un lado, algunos estudiosos del Derecho afirman que en España tenemos un sistema de representación política y por lo tanto deben ser esos representantes elegidos los que decidan quién gobierna. Consideran que pretender la elección de alcaldes directamente por los ciudadanos es llevar a cabo un pucherazo e incluso que puede ser anticonstitucional. Otros, sin tantos argumentos legales, aseguran que con esta modificación el PP quiere ganar las elecciones como sea, preparando una ley que le favorezca solo a ellos: un pucherazo. Y aquellos que consideran poco defendible la elección indirecta, argumentan que no se puede hacer un cambio así cuando faltan ocho meses para las elecciones. Una cuestión de tiempos.
Creo que son argumentos muy propios de los partidos minoritarios. Esos que nunca van a ganar unas elecciones y siempre van a depender de coaliciones con otros. Esos que siempre están deseando sacar un concejal o un diputado para ser bisagra y lograr con acuerdos lo que no les adjudican los ciudadanos en las urnas. Esos que deberían someterse a una segunda vuelta para llevar a cabo alianzas conocidas por todos en lugar de buscar los acuerdos de despacho.
Da la impresión de que en todos los casos se quiere evitar a toda costa que los ciudadanos ejerzan su derecho a decidir quién debe ser su alcalde. Parece que un demócrata convencido debería defender ardientemente el voto directo del ciudadano en lugar de buscar sistemas indirectos.
Es curioso también que los que defienden el argumento de que el PP quiere hacer una ley que le favorezca dan por supuesto que el Partido Popular controla ya los votos que van a depositar los ciudadanos. Como si la opinión del ciudadano pudiese ser modificada o manipulada por una ley. Como si la opinión de los electores no pudiese cambiar de acuerdo con las circunstancias sociales o económicas de cada momento.
Además, en Galicia tenemos un dato empírico: Cuando el presidente de la Xunta propuso en la legislatura pasada que quería disminuir el número de diputados, todos los partidos saltaron argumentando lo mismo: el PP tenía malas perspectivas electorales y quería asegurarse la Xunta. No era posible ceder a esta propuesta que buscaba un pucherazo. Por lo tanto, las elecciones se llevaron a cabo con el mismo número de diputados. Consecuencia: el PP aumentó el número de escaños con algo menos de votos. Es decir, el sistema anterior le benefició mucho. Ahora puede pasar lo mismo.