En ningún sitio estaba escrito que las señales de limitación de velocidad y los radares tenían un margen de tolerancia con el conductor. Pero hay códigos que no necesitan letra, porque la costumbre es norma. De modo que, quizás no tanto en los tramos de velocidades más bajas, como las travesías urbanas, pero sí en las autovías y autopistas cualquiera había comprobado que con la aguja superando ligeramente los 130 no había riesgo de multa.
Pero las cosas han cambiado de repente y sin previo aviso. Apenas por cuatro o cinco kilómetros/hora de diferencia, menos de un siete por ciento sobre la velocidad permitida, el radar salta: cien euros de sanción. ¿Qué ha llevado a la Dirección General de Tráfico a adoptar tal medida? ¿La seguridad de los conductores y peatones? ¿Por qué, en contra de lo que también viene siendo costumbre, no vino precedida de una campaña de avisos?
Si fuese por seguridad no tendría sentido que, siquiera como globo sonda, se lanzase no hace tanto tiempo la posibilidad de subir los límites en determinados tramos a 130. Es más, si esa fuese la razón, la Administración habría estado incurriendo en una gravísima irresponsabilidad por mantener el margen de perdón en los radares hasta ahora. Así como resulta de los más razonable la rebaja y férreo control en áreas de alto riesgo para peatones, no lo parece esta medida. Porque si fuese para salvaguardar la integridad de los usuarios y rebajar la factura del consumo energético, ¿por qué no desempolvar aquella peregrina decisión de Zapatero de ponernos a 100 en la autopista? Qué se le va a hacer, esta rebaja sin previo aviso tiene toda la pinta de ser un recurso fácil para hacer caja. Otro recorte, pero a la inversa.