En tiempos pasados, la palabra clave para la ciencia o arte de la práctica política era, consensuar. Felipe González dijo que la política era el arte de lograr acuerdos. Uno de aquellos grandes acuerdos fueron los Pactos de la Moncloa, una foto en la que puede verse al elenco político que hizo posible la Constitución española y buscó un punto de encuentro en momentos complicados para los trabajadores y empresarios.
Nada es eterno. El sistema democrático necesita adecuarse y deshacerse de aptitudes y actitudes que lo pervierten. Sigo señalando que la crisis es mucho más que la mala praxis de los partidos políticos, evidentemente, parte del problema, pero hay más espacios dónde se precisa voluntad de cambio. No es cierto que haya recuperación económica. O al menos no de la economía social. La que sienten en sus bolsillos las familias. La que permite un poder adquisitivo para ejercer la ciudadanía real. La que garantiza cotizantes al sistema de las pensiones. La que pone en marcha el consumo interno. La que posibilita la aventura necesaria de los pequeños y medianos emprendedores.
Las reformas que se han hecho solo benefician a élites. No han sido capaces de generar empleo estable con salarios dignos. No han adelgazado la nómina de los políticos, de los entes de dudosa eficiencia más allá del culto al ego nacional de cada gobierno autonómico. Y para rematar la faena, solo se les ocurre reformar la ley electoral a medida del interés partidario que temen perder, por acuerdos y coaliciones, manteniendo poltronas y privilegios. Se reforma el sistema de elección de alcaldes, pero se mantienen las listas cerradas para mejor control de las curias.
Regenerar la democracia. Es la única alternativa a la indignación. Las cuentas de los partidos políticos. Las cuentas de las instituciones públicas. Las concesiones a empresas. Los créditos a los partidos políticos. Los indultos a personajes que saben demasiado. Las dificultades insalvables para ejercer, con éxito, la iniciativa legislativa popular. La independencia de los órganos judiciales. Los conocimientos mínimos exigibles al cargo público. La pérdida de tales cargos por indicios racionales delictivos. Las incompatibilidades y su tiempo de permanencia tras dejar el cargo. La retirada del espacio que corresponde a la sociedad civil. La ejemplaridad como conducta.