Pedro Sánchez acaba de proponer un pacto para aumentar los fondos dedicados a la educación hasta el 7 % del PIB en un plazo de ocho años. La idea, que parte del principio de que a más dinero mejor calidad de la enseñanza -principio que ha adquirido ya la fuerza de un prejuicio popular-, es, sin embargo, cierta solo parcialmente.
Aumentar el presupuesto permitiría, claro, perfeccionar el dominio de idiomas de nuestros estudiantes (siempre que se cambiase antes la forma desastrosa en que se enseñan), atender mejor a los alumnos con problemas, incrementar el sistema de becas (siempre que se depurase de los abusos actuales) o, sencillamente, poner más calefacción donde los alumnos pasan frío.
Pero la ecuación que pone en directa relación más dinero y mejor educación debe ser matizada al menos en dos sentidos diferentes: primero, porque según los estudios más solventes, nuestros resultados superan en los de los medidores internacionales a los de otros países con presupuestos educativos similares al de España; y, sobre todo, porque a partir de un cierto nivel de inversión educativa, que España ha superado ya con creces, simplemente no es verdad de que el aumento de fondos se traduzca mecánicamente en un incremento de la calidad de la enseñanza. De hecho, esa mejora exigiría, a mi juicio, plantearse muy en serio dos problemas que la enseñanza no universitaria tiene en común con la universitaria, según saben bien todos los padres con hijos estudiantes: el disparatado diseño de los currículos y la obsesión examinatoria.
Exigir más no quiere decir enseñar mejor, sino generalmente lo contrario. Un niño, o incluso un joven obligado a aprender mucho más de lo razonable para su grado educativo es el candidato ideal a tener en su cabeza un batiburrillo del demonio de datos mal digeridos, que le llevará a olvidar, muy pronto, gran parte de lo estudiado a uña de caballo.
Si a ello le añadimos un sistema patológicamente obsesionado con la evaluación a través de exámenes escritos, tendremos el resultado que está bien a la vista: un altísimo nivel de fracaso escolar (que es la verdadera seña distintiva de nuestro sistema educativo) y una formación híper teórica, que solo mejorará cuando nuestros estudiantes, entre otras cosas, sean capaces de expresarse en público con la facilidad y precisión con que lo hacen muchos de sus compañeros europeos.
¿Más dinero? Bienvenido sea, por supuesto. Aunque llamarse a engaño a ese respecto sería un grave error: ni con todo el oro del mundo, los estudiantes españoles serán mejores si no ajustamos a la baja unos diseños curriculares descabellados y no modulamos la examinitis del sistema en favor de un aumento de la comunicación oral en las aulas, donde los alumnos deberían estar mucho más pendientes de aprender que de aprobar.