¿Acabará siendo cierto que la autopista del Atlántico es unha navallada á nosa terra? Porque convendrán conmigo que en este verano, carente de grandes incendios e inexplicables incendiarios, el arcano a descifrar se sitúa en la AP-9.
El maltrato a los usuarios no presenta novedades. Ni son estas las derivadas de las retenciones en los peajes, estampa ya costumbrista de los veranos. Ni el abandono en el mantenimiento de los arcenes o similares, con musgo y verdín en época lluviosa. Ni el deterioro de los firmes en las entradas y salidas a la autopista de pago, que son canalizadores imprescindibles de clientes. Tampoco es novedad el alto coste de los servicios de asistencia, necesarios incluso para cambiar una rueda si uno no se quiere jugar la vida por falta de arcén. Menos novedad es el progresivo encarecimiento de su uso, con precios de peaje autorizados por el Ministerio de Fomento que multiplican el índice del coste de la vida.
En fin, el servicio público privatizado de la autopista AP-9 apenas se diferencia en el maltrato y explotación del usuario de tantos otros o empresas públicas vendidas o concesionadas a propietarios privados, sin que los gobiernos pongan coto a los abusos.
Hasta aquí, ningún arcano a descifrar. Es la realidad. La novedad estriba en la dimensión política que nos ha invadido este año 2014. La denuncia explícita de este maltrato por el presidente de la Xunta, haciendo llamamientos a la rebelión de usuarios siempre sumisos o sus denuncias al supervisor y gestor público de la autopista -el Ministerio de Fomento-, con reclamaciones de traspaso de la titularidad a la Xunta e incluso el rescate de la concesión, sí son el gran misterio de este verano.
Hace apenas seis meses nos habían anunciado un pleno acuerdo entre Fomento y la concesionaria para, entre otras cuestiones menores, ampliar el puente de Rande, desdoblar los periféricos de Santiago y quizá también la subida a Peinador. Todo ello sin decirnos quién soportaría los costes, si la concesionaria -cosa improbable sin compensaciones- o los ciudadanos directamente por uso o indirectamente por impuestos. Tampoco contaron por qué se hacía coincidiendo con una alarmante caída de usuarios y sin pérdidas para la concesionaria por las autorizaciones de incremento de peajes. Sorprende y mucho que el presidente de la Xunta y su Gobierno reclamen un cambio de titularidad ahora e incluso amaguen con un siempre impensable rescate. Sorprende, pero menos, que el Ministerio de Fomento considere, por ley o por costes indemnizatorios, tales cuestiones inviables. Como la interpretación de una utilización política de la AP-9 para hipotéticos enfrentamientos en el PP resulta ingenua por demás, uno se malicia que tras la descubierta de la AP-9 y su gestión hayan encontrado un tesoro de mouros, un encanto. Quizá de los que llegaron a ser tan solo palabras.