Vaya disgusto que se habrá llevado; mejor no imaginarlo. Una inhabilitación de 9 años para ejercer cargos públicos lleva a cualquiera a sufrir insomnio y ansiedad el resto de sus días. Y José Luis Baltar, el «cacique bueno», no va a ser una excepción. Le han tronchado la carrera política al pobre, porque ahora, dos años después de su retirada voluntaria, le llega la sentencia que lo separa de la actividad pública nueve años. Luego, en el 2023, ya se verá.
La Justicia tarda, pero llega; a veces coja, renca y cachazuda. Ayer mismo cayó sin piedad, con todo su peso sobre la cabeza de papá Baltar. Nueve años por colocar a 104 personas, que viene siendo un mes por persona y sobran cuatro, con lo que pudo haber colocado a 108, y si no lo hizo es porque quizás cuatro más le parecieron demasiados. Bueno, pues ahora, y pese a que el pobre no sabía que esas cosas no se podían hacer, la Justicia acaba de reprocharle que la Diputación de Ourense parecía una empresa privada y que ser presidente no es una propiedad, que es lo que dijimos algunos durante años con el regodeo general del afectado, que debe de seguir en ese estado de alborozo y euforia general por comprobar lo rentable que resulta ejercer cargos públicos en este país, sobre todo si se desempeñan como quien lo hace en la finca que le cayó en herencia.
Antes, cuando no sabíamos lo que era el Twitter, la banda ancha, la prevaricación y Baltar, nos tronchábamos de risa con Fofó y ya más tarde con Gila. Eran otros tiempos. Ahora nos descuajeringamos con la Justicia, que no sé cómo se las arregla, pero siempre llega a destiempo. Y además, para favorecer al que delinque. Pero, eso sí, nos divierte un montón.