La idea de que la jefatura del Estado pueda ser hereditaria es algo que repele al sentido común democrático. Resulta muy difícil encontrar un concepto que ataque más al corazón mismo de la democracia que ese por el cual un ciudadano está predestinado a desempeñar un determinado cargo por el solo hecho de ser el hijo de sus padres, independientemente de sus méritos y de sus capacidades. Máxime, cuando ese cargo es el de la más alta magistratura del Estado. Por eso resultan cómicas las disputas teóricas que se escuchan estos días, en las que se pretende debatir sobre la monarquía con argumentos democráticamente racionales. Me refiero, por ejemplo, a quienes plantean que no puede haber en el orden de sucesión al trono una prevalencia del varón respecto a la mujer, porque eso choca contra el principio constitucional de la no discriminación por razón de sexo. O a quienes consideran que el hecho de que el rey sea jurídicamente inviolable atenta contra otro principio, el de que todos los ciudadanos somos iguales ante la Justicia. Quienes eso discuten, parecen obviar que la monarquía, per se, está fuera de cualquier principio democrático. Y que, por tanto, una vez que los ciudadanos renuncian a exigirle la legitimidad democrática inicial, todo lo que afecta a esa institución está viciado de origen y carece de toda lógica democrática y constitucional. Se trata de un principio similar al que esgrimía Dostoievski cuando afirmaba que «si Dios no existe, todo está permitido».
Eso no impide, sin embargo, que los ciudadanos tengan perfecto derecho a renunciar a esa exigencia de calidad democrática embrionaria para instaurar una jefatura del Estado hereditaria, siempre que sean perfectamente conscientes de lo que están haciendo, lo hagan de manera voluntaria y existan mecanismos constitucionales previstos para revertir esa situación. Negarles ese derecho sí sería antidemocrático. Si son suficientes los que así opinan, es posible por tanto mantener la ficción de una Corona compatible con los principios democráticos, incluso en las sociedades avanzadas. Y ahí están los ejemplos del Reino Unido o de Holanda. Lo que tenemos en España es una monarquía parlamentaria que contempla la posibilidad de instaurar una república mediante un mecanismo constitucional muy preciso que fue aceptado por un 88,54 % de los votantes. Y con la cual, todo hay que decirlo, España ha alcanzado los mayores niveles de democracia y desarrollo económico de su historia. No es cierto, por tanto, que la monarquía sea algo impuesto e inamovible. Y sí lo es que los partidarios de la república pueden instaurarla y derogar la monarquía si alcanzan los votos necesarios para ello.
Habría que preguntar a quienes exigen estos días la proclamación de una república sin atenerse a los mecanismos previstos, si están dispuestos a que esta contemple la posibilidad constitucional de acabar con ella democráticamente para instaurar una monarquía. Lo contrario, sería desnudar a un santo para vestir a otro.