Según se empeñan en hacernos ver desde la Casa del Rey, don Juan Carlos había tomado su decisión de abdicar en enero y la había comunicado a los líderes políticos en marzo. Para tanta preparación previa, la resolución final del proceso sucesorio ha sido bastante chapucera. La elaboración de un estatuto de la Corona es una previsión constitucional que no ha sido desarrollada en más de 35 años y que ha dejado importantes aspectos de la institución en una especie de limbo legal que la abdicación ha puesto en evidencia. Un vacío que el Gobierno y el Parlamento se disponen a solventar ahora precipitada y atropelladamente tras años de una criticable inacción que alimenta a los opositores a la monarquía al reforzar su argumento de que se trata de una institución intocable y alejada del debido control democrático. La tramitación urgente de la ley orgánica casa mal con una decisión supuestamente conocida hace meses por los principales protagonistas del proceso. Al reducir al mínimo los plazos se recorta la capacidad de decisión de los representantes del pueblo, convertidos de esta forma en meros comparsas de un juego limitado a las alturas. Algo similar a lo que ya ocurrió en el verano del 2011 con la reforma de la Constitución para implantar el corsé presupuestario. Hurtar al Parlamento el debate de cuestiones esenciales dice muy poco en favor de la calidad de la democracia española.
Y los mas doloroso es que no había necesidad de ello, salvo razones de oportunismo político partidario que dañan el sistema democrático que intentan proteger. Lo que debería ser un proceso natural se ha convertido de esta manera en una sucesión dinástica impulsada con fórceps. Una piedra más en el camino del futuro rey, que ya tiene más que suficientes. Alienta, además, el debate sobre el referendo. Que no es cierto que sea oportuno ni más democrático. Al igual que la consulta catalana, y como el Constitucional ha fallado al respecto, todo es modificable, incluso la forma del Estado, pero de acuerdo con el procedimiento establecido fruto del consenso social. Cualquier otra vía es atentatoria contra la esencia de la democracia. Y no solo eso. Aviva fuegos que se creían apagados. Como le está ocurriendo al PSOE, al que en pleno debate sobre la sucesión de Rubalcaba se le están reventando heridas internas que amenazan con ensombrecer aún más su futuro. Demasiadas chapuzas.