Diversos medios de comunicación han publicado la noticia de que una comisión formada por catedráticos universitarios y jueces catalanes prepara un texto constitucional para la futura Cataluña independiente que Artur Mas ha prometido.
Aunque esos medios informaban de las características técnicas y políticas del texto y de los nombres de varios de los juristas que formaban parte de la susodicha comisión, sorprendentemente ninguno ponía de relieve su extrañeza por la circunstancia, desde mi punto de vista escandalosa, de que entre esos juristas se encuentren jueces en activo. Es decir, funcionarios públicos que tienen como misión garantizar el efectivo cumplimiento de las leyes.
De hecho, ha sido un juez, Santiago Vidal, magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona, quien ha actuado como portavoz de los redactores de la hipotética Constitución de Cataluña, quizá sin ser consciente (¡hasta tal punto llegan ya los desatinos!) de que al hacerlo está traicionando de un modo flagrante la lealtad que debe a la Constitución y a las leyes que ha jurado cumplir y proteger. Es más, está traicionando también, al propio tiempo, la lealtad que debe a la organización judicial (la del Estado) que lo ha hecho juez y le otorga el poder inmenso del que goza y a los ciudadanos que esperan de los jueces, como es su derecho, que sea garantes de las leyes y no los asesores de quienes, actuando como si aquellas no existiesen, trabajan con el objetivo de su flagrante violación.
Un juez, como cualquier otro ciudadano, puede estar a favor de una Cataluña independiente, pero antes de ponerse a redactar una Constitución catalana, parece razonable esperar de él que, actuando honorablemente, opte por abandonar el puesto de juez del Estado en el que, con tal acto, afirma solemnemente no creer. Y es que ni se puede servir al mismo tiempo a dos señores y a dos causas, ni comportarse como si el honor fuese una invención inaplicable a los tiempos actuales. Don Gaspar Melchor de Jovellanos, gran ilustrado español, escribió un día que el auténtico honor es el que nace del cumplimiento de los propios deberes.
Yo también creo que es así y que, por ello, un juez en activo que prepara una Constitución que solo podría aprobarse violando de un modo escandaloso la que existe, que es precisamente aquella en la que se sustenta su función y su poder, ha perdido por completo el sentido del deber que debe guiar la actuación de cualquier servidor público.
Ocurre, sin embargo, que embalados por el resbaladero de la falta de lealtad hacia el Estado, en España casi todo es ya posible: incluido que un juez traicione sus votos más solemnes sin que a casi nadie le llame la atención. Y para serles sincero, llegados a este punto, empiezo a dudar de qué es peor: si lo primero o lo segundo.