Pocos han dudado de que en tiempos de escasez, y pésima administración, fuera necesario que todos los que formamos el colectivo de «Hacienda somos todos» (de obvias desigualdades en su composición) asumiéramos recortes salariales. Sobre todo si ello contribuía a que el famoso Estado de bienestar, sin retintín, no se destrozara. Poco lamento se ha escuchado por tan duros recortes salariales como los sufridos, o por las subidas de impuestos, o por los abusivos precios de sectores estratégicos y regulados como la energía y los combustibles. Solidaridad de los privilegiados. En este caso, funcionarios.
Molesta sin embargo que el colectivo de «Hacienda somos todos» tuviera que asumir las deudas de otros. Sean estos bancos, constructoras o empresas beneficiarias de concesiones de lo público, en tantos casos todo ello por junto.
Molesta que las personas asentadas en las puertas giratorias entre lo público y lo privado -que no solo son políticos- se vayan de puntillas y no asuman ni paguen por tanto error o mala fe en su gestión, cuando no malversación. Sean sus negocios, a caballo de lo público y lo privado, aeropuertos, autopistas de pago y de repago, hospitales públicos de mala gestión privatizada, museos y ciudades de cultura, y tantos y tantos servicios externalizados en concesión como los conocidos de las fiebres Pokémon, la sanidad madrileña y de otros pagos, y otros de similar ralea y probada ineficacia.
La desaparición de 400.000 empleos públicos que publicita como logro el Gobierno de Rajoy, la injerencia de los políticos en las funciones y organización de los funcionarios, la alteración de las condiciones laborales establecidas, introduciendo sistemas de contratación atípicos y precarios, recortando días de libre disposición y vacaciones, además de los recortes salariales y la desigualdad en la jubilación, no han destrozado totalmente -todavía- la maltrecha función pública española.
Por más que se obvien los informes PISA, de tanta utilidad demagógica, cuando los empleados públicos aparecen como el colectivo laboral más competente, superando en todos los parámetros a los empleados privados. No analizan en tal estudio a asesores, personal de gabinete y cargos intermedios de libre designación, ni empresas públicas.
Los tiempos mudan, y el señor Montoro dando la cara por el presidente Rajoy como le corresponde, regala una cascada de buenas nuevas para los funcionarios.
Llegan las elecciones, y con ellas el ministro Montoro esforzándose por que los tres millones de empleados públicos vean la zanahoria amable del Gobierno. Por Navidades, aprobó la reposición de uno de aquellos ominosos moscosos. En período electoral anuncia la de otro y una ampliación de la raquítica oferta pública de empleo en 950 plazas. Dedicadas no solo a tener más (inspectores de Hacienda, médicos, profesores), sino para facilitar la promoción interna de los que hay. El poder de un voto. Aunque sea de funcionario, por si fuéramos parvos.