Al señor Montoro, ministro de Hacienda, hay que felicitarlo y echarle una bronca. Felicitarlo, porque lo ha conseguido: ha logrado rebajar el déficit público casi hasta el nivel que exigía Bruselas; solo se ha separado una décima, que a los ministros les parece muchísimo cuando tratan de medir la recuperación económica, y les parece poquísimo cuando se trata de medir el déficit. Pero lo sustancial es que el señor Montoro se arremangó, apretó las clavijas de las Administraciones autonómicas, mandó recortar todo lo recortable e incluso algo más, hurgó en nuestros decaídos bolsillos y hoy le puede decir a Rajoy lo mismo que Fernández-Miranda le dijo al rey en 1976: «Estoy es condiciones de ofrecer a vuestra majestad lo que vuestra majestad me ha pedido». No será muy simpático por su tarea, cabreará a sectores enteros por sus exigencias, pero como ministro de Hacienda se acaba de consolidar. Que le pongan las coronas de laurel.
La crítica se la gana con lo que dijo del informe Cáritas que aquí hemos comentado la semana pasada y que mereció incluso el reproche de la Defensora del Pueblo: al gran Montoro le parece poco fiable porque es una encuesta. Es decir, como la EPA, que mide el número de parados o el número de hogares donde no entra ningún salario; como los sondeos del CIS, que deciden tantas políticas del Gobierno por sus pulsiones de la opinión pública; como los barómetros del CEO, que miden la evolución del independentismo catalán. El señor ministro pudo haber buscado un mejor argumento; por ejemplo, describir la realidad social española que al Ministerio de Hacienda le consta mejor que a nadie. Al dejar reducido su diagnóstico al valor de una encuesta, pierde gran parte de su razón. Y no me preocupa que un ministro se haya equivocado. Al fin y al cabo, su opinión puede ser personal y, por tanto, de trascendencia limitada. Lo inquietante es que sirva de base argumental de la política general del Gobierno.
Es inquietante porque, si el Gobierno cree que no hay marginados sociales en España, no se sentirá en el deber de resolver su situación. Si le parece que Cáritas y otras organizaciones exageran en su medición, no los incluirá entre sus prioridades de actuación. Si piensa que es un problema menor, hace poner en duda su sensibilidad social. Si niega sin más los estudios de otros, puede tener razón Rubalcaba cuando afirma que los gobernantes no permiten que una mala estadística les estropee la fiesta de la recuperación económica. Y, puestos a mostrar inquietudes, no es la más pequeña que el Gobierno de la nación, con el poder informativo que tiene, no nos diga, quizá no sepa, el número de españoles que podemos incluir en el capítulo de la exclusión social.