Corrupción municipal

Pablo Mosquera
Pablo Mosquera EN ROMÁN PALADINO

OPINIÓN

17 mar 2014 . Actualizado a las 07:00 h.

Sufrimos la subcultura de la indecencia. Las encuestas del CIS dan el estado de ánimo ciudadano relativo a la corrupción. Sería oportunista quedarse solo con la relación entre políticos y prácticas corruptas. La crisis de valores alcanza al Estado. Quizá por el desmesurado tamaño que ocupa la política, articulada en instituciones y organizaciones. La corrupción está en el fútbol, sindicatos, empresas, en la economía sumergida, en profesiones liberales, en casi todo lo que se relaciona con el dinero como precio o compensación por un trabajo, o con el mercado laboral a la hora de acceder a un puesto en la Administración pública o a sus nóminas.

Hay intenciones que son como el lamento del culpable antes del propósito de enmienda por razones del guion, entre los que mandan y los que esperan un cambio ético y estético. Siempre que el momento lo exige, prometemos que habrá listas abiertas y cambios en las instituciones que representan al ciudadano o sostienen el sistema democrático pervertido de vicios crónicos. Me fijo en esos ayuntamientos a los que se les exige equilibrar ingresos y gastos. A los que algún día se les dotará de una fuente fiable de ingresos y se les recortará la infinita capacidad de fomento que les ha llevado a gastar en competencias ajenas, por necesidad de la ciudadanía o mayor gloria del alcalde.

Resulta insoportable comprobar que no solo no hay garantía de que los alcaldes sean cultos y decentes, es que muchos necesitan funcionarios del Estado (secretarios e interventores) amaestrados que les permitan obrar como conviene al regidor. De ahí que se den tres circunstancias: persecución del funcionario rebelde que informa o advierte negativamente los propósitos del alcalde; funcionario leal que reviste de santidad todo lo que se hace, por miedo a represalias, y funcionario interino colocado al servicio del alcalde.

Así se explican los conflictos entre políticos y funcionarios de carrera, con expedientes a estos e imputaciones judiciales a aquellos por no obrar conforme al informe emitido. La democracia tiene una cita municipal. Los ciudadanos necesitan seguridad jurídica en los ayuntamientos. El cambio para dar calidad democrática empieza ahí.