Les gusta presumir de su capacidad de conectar a todos los niveles. Hacen gala de apuestas de futuro en sus áreas de gestión, para incorporar a sus ciudades a modernísimas redes de urbes inteligentes que en años venideros facilitarán muchísimo a sus ciudadanos la vida diaria y las relaciones con la Administración, o de impulsar a los más atrevidos emprendedores a aprobar la asignatura suprema de la exportación.
De lo que más presumen es de su conexión con los ciudadanos. De prescindir de coches oficiales para caminar por las calles y escuchar permanentemente al pueblo al que se deben.
Los problemas empiezan cuando investigaciones judiciales destapan otras muestras de su capacidad de conectar. Y aparecen amistosísimos diálogos en los que demandan puestos de trabajo a directivos de empresas adjudicatarias de servicios públicos y que a su vez confeccionan largas listas de supuestos receptores de regalos.
Cuando llegan a ese punto muestran una más que notable tendencia a volcar su capacidad de conexión hacia el interior. Hacia su partido o su equipo de gobierno. Y hacen hincapié en la presunción de inocencia y en que mientras no haya sentencias todo son suposiciones. Aunque los datos libres de secreto de sumario dejen en muy mal lugar la ética y la estética de unas relaciones que se suponen transparentes y regidas por baremos y procedimientos llenos de objetividad.
Es ahí cuando se asoman al borde del precipicio. Ni ponen en marcha códigos de conducta, ni apartan a los de conducta poco ética. Aunque caiga al abismo la conexión con el ciudadano de la que tanto presumen.