Anda en los juzgados hace años una causa abierta por redes de corrupción en las Administraciones locales. Corrupciones que, junto con otras de mayor calado y extensión, se extienden por todas las Españas. En el centro de la corrupción se encuentra siempre la externalización de servicios públicos y sus contratos correspondientes a cambio de sobornos o prebendas en forma de dinero, regalos, viajes o comidas y empleo de personas afines a los responsables de adjudicar esos contratos. Caciquismo moderno o política de proximidad, como se recoge en algunas de las conversaciones grabadas. No sorprende que todo ello haya podido suceder. Lamentablemente. La cuestión que se deriva de esta trama de corrupciones tiene varios aspectos, pero siempre se sostiene en la privatización de servicios públicos y se aduce para ello en primer lugar que la gestión privada es más eficiente, en segundo lugar que no exige inversión pública previa y la gestión es más barata y en tercer lugar porque una Administración local no está para administrar «según qué cosas».
La realidad difiere del discurso: lo privatizado no es más barato, los contratos siempre tienen un cinturón de seguridad a favor de la empresa adjudicataria y en contra de lo público. Caso de la ORA analizado en este periódico. O, en último caso, contando siempre con el favor de los políticos, las empresas pretenden recursos económicos suplementarios derivados o colaterales a los servicios prestados, véase el caso de las depuradoras e hipotéticos recibos de coste de energía en lo publicado hasta ahora.
En contradicción con la teoría política del «caciquismo moderno» -auténtico hallazgo ético en el uso del poder por cuanto sostiene la esperanza de los desamparados- lo verdaderamente innovador de la red Pokémon y de sus derivados -no porque suceda, que eso es viejo, sino porque se evidencia en una grabación- es la recomendación para dañar, para ejercer el mal.
Así nos encontramos con esa vendetta mafiosa en forma de presunta solicitud/recomendación de un político para despedir, dejar en el paro, quitarle su trabajo, a una trabajadora de la empresa concesionaria beneficiada por ser la mujer de un sindicalista.
O la adaptación de la Administración y sus funcionarios al gusto del político -con la extendida mancha de libres designaciones o concursos y libre designación y sus secuelas- con la remoción de un alto funcionario público por no ser complaciente con los designios de la autoridad del momento. Funcionario al que ahora, en el proceso abierto, al fin se le reconoce la capacidad de intervenir como acusación.
Por más que estas y otras prácticas en torno al caciquismo del mal -mesmo por facelo- son intuidas, conocidas e incluso documentadas, la náusea, la indecencia que afloran la Pokémon y sus derivados reside en la evidencia de ejercer el poder para el mal. También sin ceses.