Las cosas no son como son, sino como se perciben, apunta el teorema de Thomas. Aplicado al proceso para gestionar el final de ETA, hay diversas derivadas colisionando en un Estado debilitado por la corrupción que hasta desde Bruselas señalan como grave, recomendando la máxima vigilancia sobre la financiación de los partidos políticos, la adjudicación de las grandes obras públicas y las decisiones en materia de planificación urbana. Un Estado débil pierde la confianza del ciudadano en sus instituciones democráticas y en el imperio de la ley, razones que quitan soberanía decisoria. El PNV no quiere quedarse ni fuera, ni en medio. No desarrollará conductas radicales de la época Arzalluz. Ha visto que al honorable Mas solo le han servido para convertir a Esquerra Republicana en santo y seña del proceso independentista. De ahí que Urkullu quiera llevarse bien con Rajoy y discretamente le ofrezca salidas al problema del desarme de ETA.
El final de ETA a cambio de indultos ordenados en el tiempo divide a la sociedad y a los dirigentes del PP. La percepción no es la misma en Euskadi y en el resto de España. Se pretende una ruta desde el acercamiento de presos a las cárceles vascas poniendo fin a la dispersión, para reinsertar a los etarras arrepentidos y en función del número de años que llevan cumpliendo las penas por sus crímenes. Y con la condición de que se haga en procesos individuales donde el terrorista pida perdón y asuma la miseria de su conducta, que ha sembrado dolor y terror.
El problema tiene dos vertientes muy complicadas. ETA no está dispuesta a decir, alto y claro, que su trayectoria fue criminal. Sigue haciendo comunicados en los que promete no volver a la violencia, pero no se arrepiente de lo que considera lucha por la libertad de Euskal Herría.
Las víctimas -más de mil muertos y heridos- están divididas. Los que exigen que los verdugos paguen la totalidad sus crímenes y les repugna que se utilice la excarcelación como instrumento para el desarme de la banda presionan. Esta postura la comparten dirigentes del PP vasco (e incluso Aznar, Aguirre y Mayor Oreja).
El Estado tendrá que decidir qué hace. Y es que, como en el Cantábrico, a una galerna le sucede otra.