El Gobierno, o los políticos en general, siguen practicando la técnica que mejor conocen: la de hacer todo lo posible para impedir la formación de opinión pública. La última demostración ha sido la entrevista del presidente Rajoy con el lehendakari Urkullu en la tarde-noche del martes. Se puede añadir el encuentro del mismo Urkullu con Rubalcaba el pasado viernes. De ambas nos enteramos el miércoles por esa manía de los encuentros discretos o secretos de los que no se informa. O algo peor: se informa de su celebración de forma oficiosa, como una filtración, pero no se dice una palabra de su contenido. Es el arte de desorientar a la sociedad.
Y así ocurre lo que ocurre: que ayer los periódicos eran el escenario de todas las contradicciones. Hubo quien contó que Urkullu pide únicamente que se reactiven las medidas ya previstas que faciliten la reinserción de los presos, como la conocida «vía Nanclares», y hubo quien escribió que el lehendakari plantea nada menos que la liberación de todos los presos, de acuerdo con el plan elaborado por los propios rescoldos de la banda terrorista. El único matiz de esta última versión estaría en los plazos: unos presos podrían salir con carácter más o menos inmediato y otros tendrían que esperar a que la banda se desarme o declare su disolución.
La opinión de este cronista es la que expresó decenas de veces en esta columna: todo lo que se haga dentro de la ley para liquidar definitivamente a ETA merece un respeto. Pero con muchas limitaciones: quienes están en la cárcel es porque han cometido graves delitos y no hay razón política ni social para ponerlos en libertad; no cabe ni cabrá nunca una solución parecida a una amnistía; cualquier medida de gracia se tendrá que conceder a título individual, pero sin que quepa el indulto, y el Gobierno no tiene por qué llevar la iniciativa de ningún tipo de perdón. Únicamente podrá ejercer la generosidad si los terroristas asumen su responsabilidad, se arrepienten de sus crímenes y están dispuestos a aceptar el marco legal del Estado español. Parece de sentido común.
Por todo ello, la sociedad tiene derecho a saber de qué se habla en esas reuniones. Tiene derecho a conocer cuál es el plan del Gobierno vasco y qué le responde el Gobierno español. Y tiene derecho a que se abra un debate. Si se practica el oscurantismo, crecerán las posiciones radicales, a favor y en contra. Y el Partido Popular ya sabe lo que significa mantener posturas oscuras: que se rebelan las víctimas y buscan otro partido. Esto no ha ocurrido el siglo pasado. Está ocurriendo estos días. Pero está claro que los dirigentes prefieren ese riesgo a la muy democrática, muy sensata y muy civilizada obligación de informar.