Ocurrió el 26 de diciembre, en pleno relax navideño. El BOE de un día tan anodino recoge un cambio legal que exige residir en España y no pasar más de 90 días al año en el extranjero para tener derecho a prestación sanitaria.
El objetivo confesado es evitar que ciudadanos extranjeros disfruten de forma indebida de la sanidad española. Pero la medida ha causado estupor, herido la sensibilidad y levantado protestas entre los nuevos emigrantes que la inacabable crisis y la forma de afrontarla han generado.
Que se produzca cuando más de la mitad de los jóvenes no encuentran trabajo y muchos de ellos se ven forzados a buscarlo fuera de nuestras fronteras, cuando numerosos investigadores han tenido que hacer las maletas para buscar en otro país las oportunidades que aquí no encuentran y no hay perspectivas de un descenso apreciable a corto y medio plazo de las escandalosas cifras de paro, ha aumentado la sensación de que el Gobierno adolece de una falta absoluta de sensibilidad.
Las críticas de otros partidos entran dentro de lo habitual. Pero a ellas se han sumado otras, como una campaña en Internet que ha reunido en pocos días cerca de 300.000 firmas en demanda de la anulación de esta medida.
Volcado en vender en el exterior la imagen de un país en recuperación basada en un puñado de datos favorables, el Gobierno parece haber olvidado que esa recuperación será difícilmente creíble si sus propios ciudadanos no perciben una mejoría de sus expectativas, ven cómo se restringen sus derechos y se extiende la sensación de que el Estado de bienestar será pronto solamente un contenido más de los libros de historia.