Una de las características del debate político actual es su falta de ideas y su carencia de planteamientos globales, lo que lleva consigo el uso de un lenguaje vacío, hecho de consignas repetidas hasta la saciedad, al que se pretende dar cierto tono de seriedad gracias a la utilización, casi siempre torticera, de las estadísticas. Así, la subida de unas décimas del PIB se saluda como la venida de un nuevo mesías; el descenso del paro en un mes en unos cientos o miles de personas anuncia ya la llegada del paraíso, y los índices de todo tipo encabezados por la mítica prima de riesgo son los únicos argumentos con los que se intentan defender las posturas propias y criticar las ajenas, ocultando casi siempre, eso sí, cuál es el juego real de los intereses en liza. Por eso, tras oír una noticia que anuncie unas nuevas cifras será necesario recurrir a las declaraciones de las diferentes partes y escuchar a varios expertos para llegar a saber de qué se está hablando y qué gato se nos está vendiendo otra vez por liebre. Lo único contundente, lo único real, parecen ser las crecientes cifras de la corrupción y los sucesivos escándalos políticos y financieros que acaparan la información, pero como a la hora de la verdad acaban siempre en nada, volvemos a lo mismo, es decir, a la paradoja de que lo que es evidente es lo que nunca se dice.
El discurso de las universidades sobre sí mismas no podía quedar libre de estos mismos pecados, porque las universidades forman parte de la realidad social y económica, pero en su caso la cuestión adquiere un plus de culpabilidad, pues se supone que el Estado paga esas instituciones para que en ellas se enseñe y se estudie lo que es verdadero, y se haga de modo libre y con espíritu crítico. Nada está ahora en ellas más lejos de la realidad, pues su lenguaje institucional está pervertido por una jerga pseudoempresarial que apela constantemente a las necesidades del mercado y a la demanda de la industria y la sociedad, con el fin de poder hacer todo lo contrario de lo que se predica en esas instituciones públicas, que navegan a la deriva y dando bandazos.
Tenemos un buen ejemplo de ello en el debate entre la Consellería de Educación y los tres rectores de las universidades gallegas sobre el inevitable cierre de titulaciones y centros. Cuando queremos saber cómo se ha llegado a una situación absurda o injusta, lo que primero que debemos hacer es un análisis histórico o forense, que investigue lo que se ahora se llama la «escena del crimen». Fueron las circunstancias de la división en tres de la Universidade de Santiago en 1990 lo que explica en gran parte la situación de las universidades. Se hizo la división con una mala ley que creó tres universidades transversales: Santiago-Lugo, A Coruña-Ferrol y Vigo-Ourense-Pontevedra, en un parto coreado por alcaldes y presidentes de diputaciones. En cada ciudad había algunos centros, unos superiores, como la Escuela de Arquitectura de A Coruña, y otros de primer ciclo, los colegios universitarios, así como diferentes escuelas: Magisterio, Náutica? Primero se decidó promover hacia arriba todas las titulaciones existentes: si había primer ciclo de Química, se creaba una licenciatura, lo que explica muchas duplicidades actuales. Y como además se vivía un momento de auge demográfico y expansión económica se crearon nuevos centros, unos necesarios y otros no, porque los tres rectores entraron en cruel liza. Crear centros nuevos supone crear cientos de plazas de profesores y colocar a discípulos y alumnos por parte de los profesores existentes, a la vez que favorece el ascenso de categorías: de titular a catedrático, por ejemplo. Y así se formó el glaciar de las universidades gallegas, arrastrando y acumulando lo que encontraba en su camino, hasta crear un sistema desorganizado y sin sentido que ahora ya colapsa.
Era responsabilidad de la Xunta poner orden, pero perdió la ocasión de hacerlo al aprobar una Lei de Universidades que no quiso diseñar un mapa real de títulos, que tendría que ir unido a la posibilidad de trasladar profesores de una universidad a otra, lo que es legalmente posible, de cerrar centros y repartir títulos entre las tres en liza. No se quiso hacer así, y en vez de ello se recurrió al desbarre de cifras, estableciendo módulos uniformes de 50 alumnos por grado y 20 por máster, sin tener en cuenta qué clase de grado o máster es. Un máster se justifica por su necesidad, su contenido y su calidad. Si es experimental y los laboratorios de que se dispone solo dan para cinco, está justificado; si no, no. Si no es experimental, no vale para nada y está mal diseñado, como la mayoría, no hay módulo que lo justifique. Cayó la consellería en su propia trampa de cifras, añadiendo excepciones de todo tipo, o diciendo que lo que no sirve sea virtual, y por eso perdió la batalla, al tener ya perdida la guerra. Los rectores, que por supuesto no quieren cerrar nada, aunque sea inútil y no tenga alumnos, si sirve para mantener sus plantillas o aumentarlas, atacaron por el flanco débil utilizando el arma que saben manejar: el lenguaje vacío de las cifras, la apelación al empleo en un país con un millón de licenciados apuntados en el paro, y sobre todo su sacrosanta autonomía, nuevo arte de poder pedir todo sin dar cuentas de nada, de callar al disidente y controlar unas instituciones en las que solo saben los que mandan y su conocimiento es poder y riqueza.