La laminación de la clase media, cuyo ensanchamiento en la pirámide del reparto de la riqueza de los países fue uno de los grandes logros de un mundo que aspiraba a ser más justo e igualitario, está siendo una de las consecuencias más patentes de la crisis que llevamos padeciendo al menos cinco años. Buena parte del mundo desarrollado está haciendo el camino inverso al que había recorrido desde después de la Segunda Guerra Mundial -nosotros con un retraso de un cuarto de siglo por obra y desgracia de la dictadura- y que ahora intentan realizar países de los continentes condenados a la miseria.
La destrucción de la clase media y el progresivo empobrecimiento de las sociedades tiene que ver con la reducción de los salarios y la pérdida de poder adquisitivo; con el aumento del paro y la incapacidad de generar nuevos empleos. Pero tiene mucho que ver, también, con el encarecimiento de los servicios básicos y esenciales. Y estos -básico y esencial- son conceptos relativos, pero para los que las sociedades que aspiraban al bienestar de sus ciudadanos no pueden bajar el listón. Cuanta mayor proporción de las rentas familiares haya que destinar a la subsistencia -compra de alimentos, vivienda y servicios básicos- más cerca estamos de la pobreza.
Aún con unos índices de inflación relativamente moderados, subidas de la luz como la que se anuncia para el año próximo, recargos sobre suministros de agua y recogida de basuras, incrementos del IBI para compensar pérdidas de otros ingresos, copagos sanitarios o el encarecimiento de los peajes son medidas que empobrecen a las familias. Condenan al que menos tiene y socavan la clase media.