Hay gran confusión ante la huelga de sanidad. Sería bueno aclarar las cosas, pero el nivel de ruido generado y los intereses -legítimos y no tanto- lo dificultan. La anatomía de estos conflictos es compleja. La naturaleza y magnitud del servicio de salud es una de las razones. La tradición de campo de batalla político y sindical y terreno abonado para la demagogia es otra. La falta de rigor ha impedido una buena planificación y un debate productivo sobre la asignación de unos recursos inevitablemente escasos. Si, a pesar de ello, la asistencia a los pacientes es buena, o muy buena a veces, se debe al nivel científico y a la capacidad organizadora de muchos profesionales. Y por eso resulta paradójico, y confunde, que ahora que las Administraciones se percatan de ese potencial de racionalidad y calidad, que literalmente abre una ventana de oportunidad, arrecien críticas esterilizadoras.
Pocas decisiones se han basado en buena información. Pero cuando había dinero esto no parecía importar ni a los ciudadanos, por lo general poco informados, ni a los agentes sociales. Últimamente, Gobiernos financieramente tensionados recortaron a ciegas sin anticipar el impacto, con la urgencia como absurda justificación. Ahora, sin embargo, se abre por fin la puerta al protagonismo de los buenos profesionales, los que han sostenido el sistema superando rigideces organizativas y desmedida politización.
La gestión clínica es una respuesta a problemas que se han venido ignorando. Las enfermedades de una población envejecida no pueden abordarse con estructuras fragmentadas. Y los médicos deben asignar los recursos de manera flexible para que en todo momento el conocimiento y la tecnología conecten con las necesidades de los pacientes. No hay otra respuesta posible que unidades multidisciplinares y autónomas.
Aunque las críticas que se formulan a las políticas sanitarias suelen adolecer de la misma falta de rigor y están repletas de estereotipos, apenas se nota cuando aquellas están mal formuladas. Sin embargo, cuando van en la buena dirección, dotan por fin de un sentido a la organización asistencial y reciben críticas similares, la falta de fundamento se hace evidente. El mantra, venga o no a cuento, es el supuesto designio privatizador de la Administración. Tiene su base, aunque débil. En todo caso, cabe imaginar que se trata de provocar rechazo y miedo entre los trabajadores y los ciudadanos, que de manera automática ligan lo privado con despidos, inequidad, racionamiento y baja calidad. La desconfianza crónica hacia la Administración, a la que se puede imputar escasa sensibilidad, abona el terreno. Puesto que los recortes no son una opción, no hay mejor respuesta en estos momentos que la gestión clínica. Ni alimentar la confusión ni extremar las posiciones ayuda. Seguro que existe quien se beneficie de un bloqueo que mantenga todo exactamente igual (o peor). No es menos cierto que los pacientes presentes y futuros no están en ese grupo.
Enrique Castellón es Médico, economista y experto en gestión sanitaria