Un partido político no delinque, aunque a veces lo parezca. Delinquen sus dirigentes y administradores. Pero, aunque delinquiera, tendría el mismo derecho a la presunción de inocencia que una persona física. Por lo tanto, el Partido Popular, sus dirigentes y sus administradores son inocentes hasta que una sentencia diga lo contrario. Y son inocentes del presunto delito de hacer cobros y pagos a través de una contabilidad B, opaca a todos los órganos de control. Por lo tanto, este comentario no es una acusación. Es un conjunto de reflexiones sobre lo que ha descubierto el juez Ruz: «Una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad oficial». Y, al mismo tiempo, el desmentido formal del PP.
La reflexión primera es obvia: si existía dinero negro para pagar, es porque existieron ingresos negros. El dinero no surge de la nada, ni creo que en Génova 13 tengan una máquina de hacer billetes. Si la corriente era continua, es que había un mecanismo de recogida de fondos institucionalizado, con unas normas de entrega y unas normas de administración. Lo siguiente que hay que saber es por qué los donantes entraban en el juego y ennegrecían las cantidades en sus propias cuentas o en los balances de sus empresas. Ahí tiene la Agencia Tributaria un interesante trabajo de inspección, en el supuesto de que el flujo de dinero no haya prescrito.
Reflexión segunda: según el auto del juez, las obras de la sede nacional del partido se efectuaron entre el 2005 y el 2011, lo que significa que ya estaba la dirección actual. Pero ahora estamos como siempre, palabra contra palabra. Una es la de la UDEF, que es muy respetable y no hace informes sin documentarlos, y la otra es la del PP, que lo niega de forma contundente. Esto no puede quedar así. Hay que acudir al Parlamento, dar todos los datos y desmontar el informe de la UDEF. De lo contrario, el Partido Popular sufrirá un calvario con estas dudas: por qué la UDEF tiene esos datos si, según el partido, son falsos; por qué les da credibilidad el juez, y si la negación corresponde al momento actual o al tiempo señalado por el juez. Todo esto hay que aclararlo, porque el partido acusado no es una organización privada, sino el que dirige el Gobierno de la nación.
Y la tercera reflexión es amarga, pero la planteo con suavidad galaica: no está bien que el partido del Gobierno suscite sospechas sobre su honorabilidad. No es elegante que presuma de heroicas cruzadas contra el fraude fiscal y una investigación oficial lo señale como el primer generador de fraude. Y no es un buen ejemplo para el país de los recortes y el empobrecimiento esa corriente de dinero insolidario. Algunos ciudadanos se pueden cabrear.