Si usted quiere saber si el poder político o personas próximas al poder político han cometido algún delito (siempre presuntamente, por supuesto), no tiene más que mirar a ver qué hace la Fiscalía. Si la Fiscalía promueve, insta o alienta la investigación, lo más probable es que ese poder y esas personas sean inocentes o sea imposible demostrar su culpabilidad. Si, por el contrario, se opone, lagarto-lagarto: es que hay materia para investigar, indicios razonables de algo ilegal o previsión de resultado negativo para la imagen de los poderosos.
No se enfaden, señores fiscales que me están leyendo. No pretendo poner en tela de juicio, nunca mejor dicho, ni su honor ni su ética profesional. Pero convengan con este iletrado comentarista que su institución obliga bastantes veces a pensar así. Y hubo un detalle en los últimos días que hizo pensar así: la actitud de la Fiscalía Anticorrupción ante la destrucción de los discos duros de los ordenadores de don Luis Bárcenas. Cuando se conoció, se provocó un escándalo nacional porque hasta los más legos en materia procesal pensamos que podíamos estar ante un delito de destrucción deliberada de pruebas. Hay muchos presos privados a quienes se niega la libertad provisional precisamente por ese riesgo.
¿Y qué hace la Fiscalía Anticorrupción, para sorpresa de miles de ciudadanos incrédulos ante lo que estaban leyendo? ¡Oponerse a que esa destrucción de los discos sea investigada! Con dos narices. Los argumentos rozan lo cómico: investigar no aportaría nada a la causa y lo único que conseguiría sería retrasarla. La razón es suprema: si esclarecer un indicio de delito retrasa una causa, no se investiga ese indicio y a otra cosa. Gran aportación a la ciencia jurídica occidental. Supongo que el ministro Montoro se refería a esto cuando aseguró que España volvería a asombrar al mundo.
El primer asombrado ha sido el juez Ruz, que no tardó ni 24 horas en rechazar la insólita recomendación del ministerio público, sí vio relevancia penal en el hecho e intuye que se pueden haber cometido dos delitos: daños informáticos y encubrimiento. No prejuzgo nada, como es natural. Solo digo que, efectivamente, esas cosas hay que investigarlas y que la Fiscalía debiera ser menos descarada cuando se pronuncia sobre asuntos que afectan al poder político. Con lo actuado en este episodio de los discos duros ha arruinado para bastante tiempo todo lo que por otro lado predica sobre su independencia del Gobierno. La Fiscalía es dependiente por línea jerárquica y no pasaría nada si reconociera esa evidencia. Lo que le quita crédito y respeto social es que luzca la bandera de la neutralidad y después sea descubierta tratando de encubrir al poder.