Parafraseando a Mario Vargas Llosa cabe preguntarse en qué momento y por qué se jodió la relación de Cataluña con el resto de España. Y echar las culpas a unos u otros. Es un ejercicio retrospectivo sin duda interesante pero ya inútil. La realidad es que el llamado derecho a decidir, por mucho que no exista jurídicamente como tal, es mayoritario en Cataluña, un clamor social. Un 80 % de su Parlamento lo respalda. Los medios de comunicación catalanes, públicos y privados, se han alineado de forma casi unánime con esta tesis y apenas dejan resquicio para que se puedan oír las voces disidentes. Sus defensores tienen un argumento poderoso, por más que sea discutible o ilegal, según algunos: dejen a los catalanes votar, no hay nada más democrático. El independentismo, mientras tanto, se fortalece, como se ha visto en la Diada. En este contexto Rajoy ha respondido la carta en la que Mas le reclamaba que permita la consulta soberanista. En su más puro estilo de ganar tiempo, elude una negativa expresa, le ofrece diálogo pero con respeto al marco jurídico. Se entiende que es un no respetuoso, pero no cierra puertas. ¿Y ahora qué? ¿De qué van a dialogar Mas, que considera innegociable la consulta y al que ya no le vale una mejora sustancial de la financiación, y el presidente del Gobierno que no quiere, y según algunos constitucionalistas, ni siquiera puede autorizarla? Estamos ante un callejón sin aparente salida, un desafío institucional sin precedentes que augura un peligroso choque de trenes. Quienes esperaban que dejando pasar el tiempo el conflicto se iba a solucionar por sí solo se han equivocado de plano.