Entienden los rectores españoles que la autonomía universitaria consiste en pedir el dinero que se estime necesario para gastarlo según su buen criterio y recto proceder, justificando los gastos con unas razones que solo ellos pueden dar, pues por un lado son científicos y por otro han sido elegidos por sus subordinados, lo que les dota de una infalibilidad solo comparable a la del romano pontífice. Defienden los rectores lo que consideran oportuno, pero lo hacen de un modo diferente según la ocasión y el lugar en el que se reúnen, aunque eso sí, intentando siempre sacar algún partido.
Poseen los rectores peculiares ideas económicas, cuando hablan del PIB, de la industria y la sociedad, y no se cansan de repetir que sus universidades son básicamente centros de investigación, y casi nada de enseñanza, razón por la cual, a la hora de entonar su elegía sobre la decadencia de la universidad, acaban siempre por insistir en que lo esencial es el dinero para los proyectos de investigación y para incrementar sin cesar sus plantillas; eso sí, cada uno en su propia universidad, que se siente tan responsable de garantizar el futuro de todos sus investigadores como impávida se queda ante el futuro de sus estudiantes en un país con un millón de licenciados apuntados en las listas del paro. El último descubrimiento colectivo del brain storming colegiado de nuestros gobernantes ha sido la campaña «Apadrina a un estudiante», equiparando estudiantes españoles con los desgraciados niños de muchos países o con algunas especies animales en peligro de extinción. Una campaña oportunista, aprovechando el debate sobre las becas que está teniendo lugar, y carente de sentido.
Habría que decirles a los rectores que ellos sí pueden apadrinar estudiantes. Las universidades pueden conceder exenciones de matrícula, como las que tenían, y en algunos casos aún tienen, los hijos de los funcionarios. Si las universidades tuviesen sistemas de residencias y comedores equiparables a los de aquellas que los rectores admiran, uniendo la exención de matrícula con la residencia, una ayuda para comprar libros -si es que los profesores creen que aún se pueden usar los libros- y algún ingreso para realizar algún tipo de actividad remunerada en el propio ámbito universitario, entonces cada rector podría complementar las necesidades no cubiertas por las becas estatales.
Lo que ocurre es que no les interesa ni a ellos, ni al PSOE, al PP ni a ningún partido mayoritario. El grupo parlamentario socialista en el Congreso presentó en el 2010 un libro titulado Propuestas para la reforma de la universidad española, en el que colaboraron rectores y exrectores que proponía: la liberalización de las tasas hasta llegar a los 5.000 euros, la supresión de las becas y su cambio por créditos bancarios, la desfuncionarización de los profesores, la jerarquización de las universidades, concentrando la investigación en menos de una docena de ellas, y el nombramiento de los rectores y no su elección. Esta concepción socialista de la universidad amparada por el PSOE sería la misma del ministro Wert si la pudiese aplicar. Los rectores apoyan entusiasmados la llamada gobernanza, que hará que ellos mismos no puedan ser elegidos, la desfuncionarización de sus profesores y de sí mismos, facilitando así su propio despido, así como el harakiri científico de las universidades de los demás.
Los rectores no defienden la universidad pública porque consideran sus instituciones no como centros de enseñanza, sino ante todo de investigación; consienten el desmantelamiento de los servicios comunes: residencias, edificios docentes, bibliotecas; favorecen la desintegración institucional al dejar a sus facultades casi carentes de atribuciones, al igual que a los departamentos, haciendo que todo tienda a girar en torno a grupos de investigación desiguales, que intentan acaparar el dinero público aplicando así lo que en las universidades de EE.?UU. se llama el efecto san Mateo: «En verdad en verdad os digo que a los que tienen se les dará y a los que no tienen incluso eso se les quitará». Unos grupos minoritarios para los que se hacen edificios, se piden créditos y que pueden acaban en la ruina cuando disminuya el dinero público que básicamente los financia. Razón por la cual los rectores están presos del pánico, al ver cómo se hunden su economía y universidad imaginarias, orientadas a un futuro indefinido en el que serían viables empresas de peluquería para ranas. Un futuro en el que las ranas peludas marcharían a la par que todos los titulados universitarios con pleno empleo gracias a la industria del I+D+i.