L o bueno que tienen las reuniones secretas entre políticos es que se celebran. Y eso, traducido a la relación normal de los mortales, significa que hablan más de lo que parece. Se descalifican y se lanzan improperios, pero su actitud es impecablemente de bolero: «Si tú me dices ven, lo olvido todo». Lo malo que tienen esas reuniones tan secretamente apalabradas y tan secretamente celebradas es que siempre acabamos sabiendo que se han celebrado. En cuanto a su contenido, se puede asegurar una cosa: las decisiones y acuerdos más importantes no son los que se hacen con transparencia, sino justamente los tratados en secreto.
¿Es una aberración? En absoluto. Estoy por asegurar que los ciudadanos no conocen el 90 por ciento de las conversaciones que mantiene un presidente de Gobierno. La transición se hizo en esos encuentros, casi todos históricos. Hay temas, como la consulta independentista de Cataluña, que no se pueden discutir con cientos de periodistas a la puerta y en busca de un titular. Y añado que resulta gratificante que Rajoy y Artur Mas se hayan visto, precisamente cuando estábamos diciendo que el presidente español practicaba la política de esperar a que el tiempo resuelva el gran conflicto. Algo está haciendo discretamente, y tranquiliza saberlo.
Aceptado el principio de la bondad de esos trabajos en la sombra, añadamos una consideración y una queja. La consideración es que, si una reunión es secreta, debe serlo a todos los efectos. Es decir, que ninguno de los participantes se vaya de la lengua. En cuanto haya una filtración, se acabó la bondad del acuerdo. El señor Mas, por ejemplo, estaba el jueves en la idea de retrasar la consulta soberanista. El viernes, ayer mismo, se supo que había estado con Rajoy en agosto, y se vio obligado a decir que la consulta se hará «sí o sí». ¿Por qué ese cambio? Porque un nacionalista tajante no puede permitir que alguien piense que ha cambiado de actitud después del hablar con el jefe de un Gobierno al que llama centralista y opresor.
Y la queja es esta: una cosa es la discreción y otra la tentación del secretismo. Si al final la prensa descubre que hubo un diálogo, es obligado comunicar a la sociedad algo de su contenido. No es un capricho del informador. Es que, una vez conocido un hecho político, se convierte en hecho público. Y cuanto más importantes sean los interlocutores, más público todavía. Ahora tenemos derecho a saber qué han tratado Mas y Rajoy; si hubo algún acuerdo o principio de acuerdo; si han quedado para una nueva cita o cuál es la actitud personal del presidente ante las exigencias de Cataluña. Ahora lo tienen que decir. Y si no, que hubieran sido coherentes y hubieran respetado la discreción.