Mientras este país sufre una situación de emergencia nacional, con varias crisis gravísimas a la vez -económica, política, institucional y social-, el Gobierno se acuerda, en pleno mes de agosto y trescientos años después, de que Gibraltar es español. Y está dispuesto a llevar el contencioso con el Reino Unido a la ONU, haciendo causa común con la presidenta argentina Cristina Fernández. Sí, con la misma que expropió YPF a Repsol y a la que entonces se advirtió con duras sanciones que, como era de prever, con el paso del tiempo, se quedaron en nada. Las provocaciones de las autoridades gibraltareñas, que no son nuevas, y la sobreactuación del ardoroso y nada diplomático ministro de Exteriores, García-Margallo, avivando el fuego y magnificando el conflicto con sus declaraciones, han hecho que se ponga el foco informativo en un asunto que a la mayoría de los españoles les importa un bledo. Y más ahora. La cortina de humo ha funcionado bien hasta que Bárcenas ha vuelto a mover ficha. Ya se sabía que el extesorero había cobrado un sueldo del PP, mediante nóminas, hasta enero del 2013, como publicó en primicia este diario. Pero ver la de mayo del 2012, negro sobre blanco, con el logo del partido, sus desgloses y correspondientes retenciones, no solo nos recuerda la hilarante y falaz pirueta de la indemnización en diferido en forma de simulación de De Cospedal, sino que deja en evidencia al propio presidente del Gobierno. Si, como dijo el 1 de agosto en el Senado, Bárcenas ya no estaba en el partido, ¿a cambio de qué recibía esas obscena cantidad de dinero, por no hacer nada? ¿De su silencio? Alguien escribía con ironía en Twitter que si Bárcenas sigue tirando de la manta, Rajoy invade Gibraltar. Confieso que fui yo.