Hace unos días conocimos el dictamen desfavorable del Consejo de Estado sobre el proyecto de reforma de la Administración local, que ha provocado una respuesta un tanto infantil por parte del Gobierno, al destacar que confirma que es de su competencia la regulación de esta materia, cosa que, por otra parte, solo cuestionaba un sector minoritario. Pero el problema es lo que se regule en el ejercicio de dicha competencia, y a este respecto recuerda que, según el Tribunal Constitucional, el límite está en mantener a las instituciones en términos reconocibles para la sociedad en cada tiempo y lugar, y esa garantía constitucional se vulnera cuando se limitan de tal modo que se les priva de sus posibilidades de existencia real, convirtiéndolas en simples nombres, como sucede con los ayuntamientos en este proyecto, según el cual, por motivos estrictamente económicos, se puede producir una «función ablativa» (sic) de las competencias municipales, en palabras del propio Consejo de Estado.
Los ejes fundamentales sobre los que gira el dictamen del Consejo de Estado son:
1. El desapoderamiento de los ayuntamientos en favor de las provincias, que podría vulnerar la garantía de la autonomía local consagrada en los artículos 137 y 140 de la Constitución, además del hecho de que las diputaciones son entidades de representación indirecta y por lo tanto contrarias a la Carta Europea de la Autonomía Local al no estar sometidas al refrendo de las urnas.
2. La concepción del coste estándar y su falta de regulación específica, que, además de suponer un cheque en blanco al Gobierno, podría vulnerar el artículo 135 de la Constitución después de su reforma, ya que la valoración de las obligaciones de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera debe referirse a la Hacienda municipal en su conjunto y no a cada competencia o servicio individualmente considerado, como prevé el proyecto.
Es evidente que este dictamen supone el cuestionamiento de toda la filosofía gubernamental sobre la reforma local, recomendando otras fórmulas, como las mancomunidades, las agrupaciones supramunicipales o la fusión de municipios.
En cualquier caso, de lo que se trata es de que alguien ponga un poco de cordura y sensatez en el Gobierno y le haga ver que esta reforma, que previsiblemente se aprobará hoy en Consejo de Ministros, no es el camino. El Gobierno sabe que, de convertirse en ley, va a ser recurrida ante el Tribunal Constitucional, y le auguramos una más que segura sentencia de inconstitucionalidad, pero dentro de algunos años, cuando el daño ya esté hecho y su reparación no sea sencilla, sin contar con el descrédito como país ante nuestros socios europeos. Además de que su puesta en práctica no va a resultar pacífica, pues la población no va a aceptar de buen grado ese nuevo sistema. Por lo que quienes ahora no quieren moverse para poder salir en la foto (parafraseando a Alfonso Guerra) acabarán llevándose, irremediablemente, las manos a la cabeza.
Alejandro de Diego Gómez es secretario de Administración Local