Cabe decir que estamos mejorando, aunque no se perciba con nitidez. Al cabo, un país es como una familia, por más que los economistas gusten de ofrecer versiones complejas. Si compramos fuera más de lo que vendemos, nos endeudamos, pero si vendemos más de lo que compramos, generamos ahorro. La España del 2007 compró en el exterior 100.000 millones de euros más de lo que vendió. En aquel año, la familia España aumentó su deuda en esa cifra, más los intereses de la deuda ya acumulada.
Este proceso de empobrecimiento llevó a que los acreedores, asustados, se resistiesen a prestarle dinero a un país de conducta tan irresponsable. ¿Y qué sucede cuando los prestamistas temen no recuperar su dinero? Que elevan los tipos de interés, es decir, le añaden al coste ordinario del dinero una prima de riesgo (al igual que una aseguradora encarece la póliza de un conductor temerario con varios accidentes tras de sí). Muchos opinan que España ya debería fomentar el aumento del consumo nacional, y sería un argumento razonable si solo consumiésemos bienes producidos aquí. Pero si aumentamos el consumo de los importados, estaríamos apagando el fuego con gasolina.
Es duro admitirlo, pero, como sostiene el economista David R. Barcala, a la familia España no le quedaba más remedio que reducir la renta disponible de sus ciudadanos, bajando el consumo y dejando bienes y servicios disponibles para la exportación. Esto se ha reflejado en una gran mejoría de la balanza comercial y en la llegada de turistas extranjeros. Lo cual significa que, por primera vez en muchos años, las entradas de dinero por bienes y servicios (balanza por cuenta corriente) son superiores a las salidas por la suma de estos conceptos. Es decir, la familia España ingresa por fin más de lo que gasta. Esto quiere decir que hemos iniciado el círculo virtuoso del que nunca debimos haber salido. Pero, ojo, detrás quedan las víctimas de la reducción del gasto público, de los recortes salariales y de los aumentos de impuestos. Por eso es tan necesaria una política social que logre un reparto equitativo de las cargas. Porque los objetivos económicos son irrenunciables, pero también lo es la justicia social.