Hay dos diferencias esenciales entre ser ministro de Educación y serlo de otro ramo: primera, que en materia educativa está archidemostrado que es buena la estabilidad temporal de las políticas y, por tanto, de los marcos legales que les sirven de soporte; y segunda, que las competencias normativas y políticas están en esa esfera muy repartidas en España: el Estado central tiene atribuida la legislación básica para el desarrollo del derecho a la educación previsto en el artículo 27 de la Constitución, a las comunidades les corresponde el desarrollo legislativo de las normas estatales y la competencia ejecutiva y, finalmente, las universidades gozan de un amplio margen de decisión como consecuencia de la autonomía que tienen constitucionalmente conferida.
¿Qué significa todo ello? Es fácil: que los ministros de Educación deben ser hábiles negociadores y no unos fundamentalistas de sus propias ideas, de esos que disfrutan provocando a todo el mundo. Y ello porque el verdadero desafío de cualquier político que ocupe la cartera de Educación es ser capaz de generar amplios consensos con la oposición, las comunidades autónomas y los diversos sectores profesionales e institucionales implicados en el proceso educativo.
Con José Ignacio Wert hemos tenido mala suerte. En realidad, muy mala suerte, vista su capacidad no solo para irritar a aquellos con los que debería negociar, sino constatado, además, el indisimulado placer que al ministro le produce la pelea.
Wert tiene sus ideas sobre lo que hay que hacer en España con la educación, de las que algunas son buenas, otras discutibles y otras inaceptables para sus interlocutores. En eso no se distingue de cualquier otro ministro de los que forman hoy parte de los Gobiernos del planeta. No: lo que convierte en peculiar a quien ocupa en España la cartera de Educación es su convencimiento absoluto de que él ha sido llamado por la historia para corregir años de desatinos en la política educativa que ha seguido este país.
Es ese convencimiento, y las formas bravuconas a través de las cuales pretende extenderlo a los demás, lo que ha achicharrado a Wert y lo ha convertido en el peor defensor imaginable de algunos de los cambios razonables que el Ejecutivo quiere impulsar en nuestro sistema educativo.
Por eso, en lugar de la campaña publicitaria con la que el Gobierno pretende devolverle a Wert el prestigio que este con su mala cabeza ha dilapidado a manos llenas desde el día de su toma de posesión, mejor haría Rajoy nombrando en su lugar a otro ministro, de perfil opuesto al actual. Además de ahorrarse unos dineros, se libraría de los disgustos que le esperan si mantiene a Wert en el Consejo. Si, ya de paso, cesa también a las ministras de Trabajo y de Sanidad se hará un favor y se lo hará, por añadidura, a España entera.