Las recientes manifestaciones de Pere Navarro, primer secretario del PSC, referentes al concierto económico vasco y navarro, a los que, según el, habría que suprimir por ser injustos e insolidarios, si bien luego matizadas, han sacado a la luz un tema recurrente que, como el monstruo del lago Ness, aparece y desaparece siempre de la misma forma. Al final, los jacobinos tiran la piedra y los girondinos la esconden. Y a esperar otra ocasión, que sin duda se producirá.
El concierto económico navarro y vasco consiste en que sus Gobiernos autonómicos recaudan y gestionan los impuestos estatales y pagan una cantidad a la Administración central, el cupo, que se negocia cada cinco años. Y más allá de la diferencia, mas formal que otra cosa, entre concierto y cupo, en lo que está de acuerdo todo el mundo es en que se trata de un privilegio.
En la práctica supone la disponibilidad de más recursos en manos de los Gobiernos autonómicos vasco y navarro que de los que disponen el resto de los Gobiernos autonómicos.
El concierto es cierto que es una norma recogida en la Constitución que ha dado amparo al reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales, consolidándolos como un derecho inalterable, llegando a concebirse un carácter pactista, especialmente tras la Ley 12/2002, con la que el Gobierno Aznar dio satisfacción a las reivindicaciones nacionalistas que se asemeja a un pacto entre iguales.
Se trata en consecuencia de una norma constitucional que reconoce derechos históricos pero que no impide se trate de una norma que, en mi opinión, vulnera los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, y que produce un resultado especialmente injusto. De hecho, si se aplicase el sistema de cupo al resto de las comunidades autónomas, la Hacienda central quebraría al no poder hacer frente a las necesidades del gasto.
Es cierto que estamos en una época en la que hay muchos fuegos que atender. Pero ello no nos ha de impedir el señalar que las palabras de Pere Navarro sean adecuadas, pero es posible que inoportunas.
Si las tachamos de no oportunas, habría que preguntarse cuándo lo son, pues lo que no parece de recibo es que una injusticia sea inalterable por más que este en la Constitución.