Entre los muchos atributos propios de la monarquía, nos nos constaba el de la marcha atrás. La marcha atrás legal y razonada, la marcha atrás conveniente y patriota, oportuna, españolísima e institucional. Sostienen algunos juristas que la desimputación de la infanta Cristina ha sido un acto judicial impecable y que lo contrario habría sido tratar a la señora de una forma particular por ser quien es, algo que por cierto sucede con su familia a diario precisamente por ser quienes son. Así que aceptaremos por mayoría que el auto de la Audiencia de Palma no ha sido escrito al dictado de quienes sospechan que la monarquía tiene el espinazo de cristal y las hechuras renqueantes de un moribundo que convoca a la parca con un último catarro. Porque la algarabía institucional que ha provocado esta inculpación interruptus, el regocijo de quienes veían en el paseíllo de la infanta hacia el juzgado una versión española de la última caminata de María Antonieta hacia el cadalso, no han servido más que para constatar que no les gusta nada la orina del enfermo. Los mismos que prefieren ser escrupulosos cuando son requeridos para enjuiciar las decisiones de los togados han desparramado ahora sonrisas y se han congratulado por esta peripecia procesal tan inoportuna que ha socavado un poquitín más el maltrecho feeling de la Corona con el pueblo español. Supongo que todos los que esta semana respiraron aliviados con el meneo infligido al juez Castro habrán calculado que el coste de Cristina ante el magistrado era superior al de la estupefacción de los ciudadanos que, sin entrar en intríngulis legales, van acumulando mugre sobre una institución que cada día les es más ajena. La democracia también es una cuestión de amor y aquí la novia amenaza con darse a la fuga.