Eso que dice la Constitución de que todos los españoles somos iguales ante la ley es un cuento chino. Y ahora más que nunca. Si hiciéramos un muestreo con cien esposas en la situación de la infanta Cristina, las cien se encontrarían desde hace meses imputadas. Grandes deben ser las presiones para que tanto el juez instructor como la Fiscalía y la acusación particular insistan en que sigue sin haber indicios suficientes para citar, no ya como imputada sino tampoco como testigo, a la hija del rey. Inaudito ni que su testimonio requieran. ¿No alcanzarán a entender los ideólogos de la solución de dejar a buen recaudo a Cristina de Borbón que le están haciendo un flaco servicio a la Corona? La ciudadanía, por mucho que todavía se respete la figura del monarca, está estupefacta ante tamaña irregularidad procesal. Puestos a amañar el partido, resultaría más inteligente que se la citara a declarar, y una vez compareciera se procediera a archivar las diligencias abiertas contra ella. Por lo menos se le daría un cierto viso de credibilidad a toda esta pantomima. Lo mejor que podría hacer don Juan Carlos es recomendar a su yerno que se haga con los servicios de algún equipo de brillantes letrados. Que también sirvieran, caso de desmoronarse esta farsa, para defender a la infanta.